Nueva legislación procesal

Los expertos temen que la reforma de la justicia tense los juicios laborales

El funcionamiento interno de los juzgados está a punto de cambiar. La nueva legislación procesal, que entrará en vigor a comienzos de mayo, tiene como objetivo modernizar la justicia española. Sin embargo, la redistribución de tareas que establece podría "provocar tensiones" que afecten a los litigios laborales o empresariales. Así lo aseguró el viernes el catedrático de Derecho Abdón Pedrajas, cuyo bufete organizaba la primera jornada de Aula Laboral, un acto preparado junto a la editorial Tirant lo Blanch, y con la colaboración de CincoDías.

Los cambios son consecuencia directa de la reforma de la Oficina Judicial, una de las principales reclamaciones que motivaron las huelgas de jueces del pasado año. El reto de agilizar los procesos judiciales fue asumido finalmente por el actual ministro de Justicia, Francisco Caamaño. Aunque el resultado cumple con muchas de las peticiones de las asociaciones judiciales, también incorpora algunos defectos, aseguró Pedrajas.

"La nueva normativa atribuye al secretario judicial competencias que antes tenía el juez", expuso. Otras, continúa, se pierden en "la ambigüedad" de la nueva redacción. "Sólo el buen sentido podrá solucionar estos problemas, pero si no es así, terminarán creando tensiones y cortocircuitos en el proceso de los ajusticiables", concluyó.

El presidente de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner, quien también participó en la jornada, subrayó por su parte que "el legislador ha tenido buen criterio" marcando los objetivos, pero "no ha acertado del todo" en su articulado. "El secretario judicial será ahora quien, a priori, decida qué procesos son acumulables" por sus similitudes, expuso. La decisión final, no obstante, seguirá en manos del juez, quien podría no conocer las particularidades del caso "hasta el día del juicio", ilustró Moliner. Así, en el caso de que varios trabajadores despedidos demanden a su empresa, el secretario podría aceptar un proceso conjunto. Y aunque ambas partes pasarían un tiempo preparándose para ello, si al final el juez decide que las causas no deben agruparse, el proceso debería reiniciarse desde cero con la consecuente pérdida de tiempo y dinero.