El Gobierno traspasa la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a Cataluña
Si bien el Tribunal Constitucional aún no ha decidido sobre diversos puntos del Estatuto de Cataluña, sus efectos ya son visibles. Ayer, el Gobierno, para cumplir con el texto estatutario, traspasó a la Generalitat de Cataluña la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Junto a los trenes de Cercanías, se trata del traspaso "más importante" de los doce producidos hasta la fecha, apuntó el vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, quien definió la transferencia como "compleja", no por recursos humanos y financieros, sino por la dificultad derivada del propio acuerdo. Y subrayó también que Cataluña es la primera comunidad que recibe esta competencia, que dota a la Generalitat " de nuevas herramientas para responder a las necesidades de los ciudadanos".
El acuerdo, con un coste efectivo de 11,9 millones, supondrá el traspaso de 249 puestos de trabajo (93 del Cuerpo de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, 55 del cuerpo de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social, 89 funcionarios y doce laborales).
Para el consejero de Interior de Cataluña, Joan Saura, el acuerdo tendrá "consecuencias directas para los ciudadanos catalanes". Así, a partir del primero de marzo, ya será la Generalitat quien ejercerá la función inspectora sobre cuestiones como la vigilancia del cumplimiento de las normas legales y reglamentarias de los convenios colectivos. En cualquier caso, para que el traspaso sea coordinado se prevé la firma de un convenio de colaboración entre ambas administraciones.
Por otra parte, la Comisión Mixta celebrada ayer también acordó una ampliación de medios en Justicia. Además, tanto Chaves como Saura se mostraron dispuestos a seguir cumpliendo las disposiciones estatutarias. El próximo traspaso importante podría ser el de servicios Regionales de ferrocarriles. Si bien Saura apuntó que alcanzar un acuerdo será difícil, confía en que la experiencia del traspaso de Cercanías facilite el diálogo.