Los asesores piden excluir a las pymes del régimen intragrupo
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) reclamó ayer que el régimen de precios de transferencia, que obliga a las empresas a demostrar que se ha utilizado un precio de mercado en las operaciones intragrupo, no se aplique a las pymes.
El régimen de precios de transferencia está soliviantando a los fiscalistas. La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) aseguró ayer que las pequeñas y medianas empresas no tienen capacidad para cumplir con los requisitos formales que establece Hacienda. La legislación obliga a acreditar que una operación entre, por ejemplo, una empresa y su filial o entre una compañía y un familiar de un socio minoritario se ha realizado a precios de mercado.
Los asesores fiscales recuerdan que este régimen persigue evitar que las operaciones vinculadas se utilicen para trasladar bases imponibles nacionales a países extranjeros. Así, sostienen que no tiene sentido aplicar la legislación de las operaciones vinculadas a intercambios comerciales interiores.
Hacienda, cuando le esgrimían este argumento, aseguraba que la legislación europea impedía establecer dos regímenes distintos para las operaciones nacionales e internacionales. Sin embargo, una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europeo apunta justo en el sentido contrario. Con todo, la legislación establece menos obligaciones formales para las pymes -empresas con una cifra de negocio inferior a ocho millones-. Aun así, los asesores consideran que ello no es suficiente. Además, reclaman que se redefina el concepto de pymes para incorporar a las empresas con una cifra de negocio inferior 50 millones. El presidente de Aedaf, Juan Carlos López-Hermoso, teme que la Agencia Tributaria utilice las operaciones vinculadas como "una máquina de recaudar". Por ello, reclaman reformar el régimen sancionador, que establece multas de 1.500 euros por cada dato formal no recabado o incorrecto. Incluso, si se demuestra que el precio de mercado fijado equivale al de mercado, se mantienen las multas por cada incorrección.
Miembros de Aedaf -que temen una avalancha de inspecciones- se reunieron ayer por la tarde con la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado para trasladarles sus inquietudes. López-Hermoso aseguró que los inspectores comparten la mayor parte de sus demandas, aunque no así la dirección de la Agencia Tributaria.
60.000 euros de multa para un aceitunero
El presidente de Aedaf, Juan Carlos López-Hermoso, utilizó un ejemplo para ilustrar los excesos que pueden derivarse del régimen de operaciones vinculadas. Así, relató que una empresa agrícola de Córdoba vendió aceitunas al cuñado de uno de los socios de la compañía. Según la legislación vigente, esa compraventa se considera de una operación vinculada y, por lo tanto, la empresa está obligada a documentar que el intercambio comercial se ha realizado a precio de mercado.En caso de que un inspector de Hacienda reclamara esa información y la empresa no la tuviera, la sanción podría alcanzar los 60.000 euros. Si bien Hacienda asegura que se centrarán en operaciones internacionales, nada impide que un inspector fiscal pueda exigir esa información e interponer sanciones.