Entrevista ElPaís

Corbacho aboga por "prohibir" la prejubilación en las empresas con beneficios

El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho apuesta por "acotar" las jubilaciones anticipadas y las prejubilaciones, tanto en el sector público como en el privado, y en el caso de las empresas con beneficios aboga por "prohibirlas directamente".

En una entrevista con el diario El País, Corbacho subraya que "hay que acabar con que una empresa en beneficios llegue a un expediente en el que la mayoría de los trabajadores pasan por el desempleo y, luego, la jubilación a partir de los 61" años; Y eso se acaba prohibiéndolo", remarca.

El ministro justifica la medida "por economía y por cultura", porque "no puedes estar diciéndole a la sociedad que se tendrá que jubilar más tarde" a la vez que se producen prejubilaciones. Sobre la propuesta de reforma del sistema de pensiones, Corbacho asegura que "el Gobierno no va a retirarla", incluso si la contestación social es muy fuerte, ya que "es necesario abordar el debate" ante los cambios demográficos que se avecinan. "La propuesta final -apunta- será la que acuerde el Pacto de Toledo" con el espíritu del "mayor consenso".

Corbacho admite que el Ministerio de Trabajo e Inmigración hubiera preferido plantear el retraso de la jubilación a los 67 años "en dos tiempos", pero "las circunstancias precipitan ese debate en el Gobierno" y "se ve la necesidad de acelerar esa decisión" porque "en el plano internacional se está mirando con preocupación a la Seguridad Social", a pesar de su "magnífica salud".

Respecto a medidas concretas dentro de la reforma, considera "razonable que se reflexione sobre el concepto de viudedad, pensando en el papel que tenía históricamente la mujer".

"Si se va al rol de la mujer de más de 45 años, todavía hay muchas sin haber cotizado", pero "a largo plazo no es lógica esa pensión vitalicia y un poco asistencial", señala Corbacho, quien precisa que "no se trata de ahorrar dinero ni de poner en cuestión las rentas de las personas que tienen ahora una pensión de viudedad".

En cuanto a una posible rebaja de las cotizaciones sociales, opina: "si hablamos de que hay que ampliar la edad de jubilación, parece complicado que esa medida se pueda tomar en consideración sin más".

En la entrevista, Corbacho insiste en que España está en la "fase final del ajuste de la economía y del empleo" y confía en que en el segundo semestre "las cosas empezarán a cambiar".

"En el segundo semestre de este año se habrá producido el ajuste final del desempleo. La economía empezará a crecer entonces, pero eso no significa que haya una creación de empleo potente", advierte.

El ministro afirma que la reforma del mercado laboral "es necesaria" porque hay que adaptarlo "a un nuevo tiempo en el que las cosas serán necesariamente distintas".

Blanco pide "dejar atrás la bronca política" en el debate económico

Por su parte, el ministro de Fomento, José Blanco, ha abogado por "introducir racionalidad" en el debate económico y por "dejar atrás la bronca política" para responder al mandato de la ciudadanía, que reclama "respuestas para crear empleo cuanto antes".

En una entrevista con el diario Público, Blanco afirma que el Gobierno ha ofrecido a los grupos políticos "negociar sin condiciones previas" y remarca que, "ante la exigencia de los ciudadanos, el PP debe decidir si actúa como motor o como freno de la recuperación económica".

El también vicesecretario del PSOE y miembro de la Comisión anticrisis constituida por el Ejecutivo confía en que el PP "va a enterrar el hacha de guerra y se va a incorporar al trabajo" cuando vea que el resto de los grupos se han puesto a "construir", y advierte de que si no lo hace "tendrá que dar muchísimas explicaciones a los ciudadanos".

Para Blanco, "los grupos nacionalistas están demostrando tener más sentido de Estado que el PP", ya que el presidente del principal partido de la oposición, Mariano Rajoy, "ha impuesto condiciones" y alguna de ellas "pondrían en riesgo la credibilidad de España si se aplicaran".

A este respecto, señala que una bajada de impuestos obligaría a renunciar al objetivo de reducción del déficit público o a recortar recursos a la protección social. "Algunos quieren ser un país de primera en servicios públicos y en infraestructuras y tener al mismo tiempo los impuestos de un país latinoamericano, y "eso no puede ser" porque "los servicios cuestan dinero y hay que pagarlos", insiste.