El Gobierno abre una vía para desatascar y agilizar los juzgados

Los conflictos mercantiles de hasta 6.000 euros pasarán por un mediador

El Gobierno estudió el viernes una reforma sobre el sistema de mediación y arbitraje destinada a sacar de los tribunales buena parte de las disputas mercantiles. En ese sentido, se exigirá acudir a un mediador antes que al juez para reclamaciones inferiores a los 6.000 euros.

Objetivo declarado: descargar de tareas a los atestados tribunales civiles y mercantiles (los laborales van por norma particular). El Consejo de Ministros estudió el viernes el anteproyecto de ley de Mediación, que regula por primera vez de forma general la figura del mediador y pretende promover el uso de formas privadas de resolución de conflictos. El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, presentó la norma explicando que, si bien las partes no tendrán que someterse de antemano a lo que dicte el mediador, si se llega a un acuerdo éste tendrá, a todos los efectos, valor de cosa juzgada (es decir, el mismo de una sentencia). Además, se impone un plazo máximo de dos meses, ampliable excepcionalmente a tres.

El proceso de mediación será voluntario, salvo en las disputas en las que se reclamen cantidades inferiores a 6.000 euros. En esos casos, los contendientes deberán intentar la mediación asistiendo a una sesión informativa antes de poder acudir a los tribunales. Además, las de valor inferior a 300 euros se podrán sustanciar a través de internet.

El texto aprobado el viernes establece, según Caamaño, una regulación "mínima y común" para el conjunto del territorio, en el que parte de las competencias de justicia están transferidas a las comunidades autónomas. Respecto a la figura del mediador, no se exige para ejercer más que un título universitario, tener un seguro sobre la responsabilidad civil que pudiera derivarse de la mediación, y la inscripción en un registro ad hoc que se creará en el Ministerio de Justicia. La norma sigue así las orientaciones de la directiva europea de servicios, que busca facilitar las prestaciones suprimiendo, por lo general, las autorizaciones previas y limitando los requisitos a la información.

El Consejo de Ministros estudió también la reforma de la Ley de Arbitraje, de 2003, potenciando la figura del árbitro (a diferencia del mediador, las partes que se someten a él aceptan de antemano su decisión). La reforma eleva hasta los tribunales superiores de justicia la competencia y la capacidad de nombrar árbitros.

Disputas en la Administración

Otro de los cambios respecto a la situación vigente se refiere a la cualificación de los árbitros, que hasta ahora, sólo podían ser abogados en ejercicio. Cuando la reforma entre en vigor, también podrán ejercer el arbitraje ingenieros, médicos y otros peritos, siempre en función de la materia de que se trate. Eso sí: cuando intervenga en la resolución un colegio de árbitros (formado por más de tres personas), uno de ellos sí tendrá que ser abogado en ejercicio.

El ministro afirmó además que la administración central del Estado se "aplicará la receta" de descargar de trabajo a los tribunales. Para ello, se creará la Comisión Delegada para la Resolución de Controversias Administrativas, que se encargará de los conflictos que surjan dentro de la propia administración general en lo que el ministro definió como "un sistema arbitral interno".

La crisis dispara las disputas

El paquete de reformas sobre la intermediación en disputas coincide con un momento especialmente complicado en los casi siempre atascados tribunales españoles. La crisis económica, que va ya para dos años, ha traído consigo un crecimiento vertiginoso de las demandas en los juzgados de lo social, lo mercantil e incluso los de primera instancia e instrucción.

Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, el número de despidos estudiados en el juzgado de lo social se duplicó desde mediados de 2007, en tanto que las ejecuciones hipotecarias (derivadas de impagos de préstamos para vivienda) llegaron a multiplicarse por cuatro. De forma similar, los concursos atribuidos a juzgados de lo mercantil pasaron de poco más de trescientos a más de 2.000 a mediados del año pasado.

En todos los casos mencionados, eso sí, se aprecia un punto de inflexión en el segundo trimestre de 2009, coincidiendo con el momento más intenso de la recesión. Las normas aprobadas el viernes tienen como objetivo aliviar de trabajo a los jueces (principalmente, en los casos de cuantías de menor importancia).