EDITORIAL

Las señales que envía el índice de precios

El índice de precios de consumo (IPC) ha arrancado el año con un avance interanual de un 1%, despejando aparentemente un supuesto fantasma como el de la deflación, que había gravitado durante todo el año 2009 sobre la economía española. Supuesto fantasma porque los descensos interanuales del índice de precios se han limitado a ocho meses con una tasa media de 0,76%, mientras que la economía ha soportado siete trimestres en recesión y con tasas reales mucho más abultadas. La española es una economía con una resistencia natural a entrar en el terreno de la deflación (en 2009 únicamente ha sido víctima de un proceso de desinflación acelerado), porque sus agentes económicos han apreciado históricamente en la inflación un instrumento de generación de riqueza, cuando se trata de lo contrario, de erosión de las rentas, cualquiera que sea su naturaleza.

Pero la evolución de enero, con la tasa subyacente acercándose de nuevo a cero, es una prolongación del proceso de desinflación de 2009, propio de una etapa dilatada de congelación de la demanda interna, en la que la oferta se ve obligada a retrasar la recomposición de sus márgenes para mantener los niveles de ingresos. Aunque en algunos meses habíamos advertido de los intentos de repunte de tales márgenes, la demanda sigue bajo mínimos en los sectores más sensibles a la evolución de la renta disponible de la gente: alimentación, los bienes industriales de uso duradero o los servicios como ocio y cultura, de tendencia general alcista, así como los servicios médicos. La señal explícita que envía el índice de precios de consumo subyacente (el núcleo duro de la inflación) es que la demanda privada mantiene una prolongada atonía, más propia de un comportamiento recesivo de la economía que de una recuperación. En los últimos meses la actividad ha mantenido la destrucción de empleo, ha asistido a incrementos efectivos y venideros de los impuestos, así como a un ligero repunte de los tipos de financiación de los hogares, factores todos ellos que reducen la renta disponible agregada y neutralizan la recomposición del efecto riqueza que hubiera podido producirse con las subidas de la renta variable en los últimos meses.

Aunque es muy pronto para aventurarlo, no es descartable una prolongación más allá de lo esperado de la recesión en España (hasta ahora ha encadenado siete trimestres de contracción del PIB, cuando se esperaba que en el cuarto trimestre de 2009 se produjera ya un repunte de la actividad), tal como ha ocurrido en Alemania, que tras haberla abandonado ha vuelto a un súbito estancamiento del crecimiento. Pero lo realmente llamativo es que a esta situación se ha podido llegar cuando las autoridades encaran la necesidad de retirar estímulos a la demanda, que en el caso español es doblemente obligado por la fuerte presión de los mercados financieros para que España dé señales creíbles de que cumplirá con sus compromisos financieros. Para ello ha tenido que diseñar un drástico recorte de gastos públicos no previsto cuando hace poco más de un mes cerró las cuentas de este año con sus socios parlamentarios, y que podría ir acompañado de otras reformas normativas de efectos impredecibles sobre el comportamiento de la ciudadanía, así como de un endurecimiento, anunciado ya, de la presión fiscal sobre el consumo desde julio.

En definitiva, al Gobierno se le ha terminado la capacidad de maniobra fiscal para estimular la demanda, y está obligado a recomponer las fuentes del crecimiento con los mayores niveles de flexibilidad de los mercados de bienes, servicios y factores que hasta ahora había rechazado. El pacto salarial que durante tres años garantizará paz social y la moderación de las rentas del trabajo (aunque podría tratarse de subidas muy generosas para miles de empresas en situaciones de dificultad), debe ser aprovechado como el mejor aliado para hacer reformas profundas que revolucionen el crecimiento. Sin él, además, será imposible recomponer el perfil riguroso de las finanzas públicas, porque las bases imposibles sólo dependen del avance de la actividad y de la generación de empleo. Cambiar el modelo de crecimiento es un proyecto ambicioso; pero como necesita de demasiada maduración, hay que disponer de una alternativa para evitar un desierto demasiado largo y demasiado seco.