La opacidad en la política retributiva lastra el buen gobierno

Un estudio constata un mayor cumplimiento de las recomendaciones

La sexta edición del Observatorio de Buen Gobierno elaborado anualmente por la Fundación de Estudios Financieros (FEF) revela una cierta estabilización en las prácticas de gobierno corporativo de las sociedades cotizadas. De acuerdo con el análisis de esta entidad se ha incrementado, aunque ligeramente, el número de las entidades que optaron por cumplir las 58 recomendaciones del Código Unificado. El porcentaje de las que así lo hicieron en 2008 ascendió al 74% cuando un año antes había sido el 73%. El porcentaje es aún mayor en el caso de las sociedades del Ibex y en las de mayor tamaño. Pero el informe también señala que un 8% de las recomendaciones se cumple parcialmente (un 9% el año anterior) y sólo un 9% (el 10% en 2007) se incumple.

Dado que el código de buen gobierno se basa en el principio de cumplir o explicar, el análisis de la FEF hace especial hincapié en señalar las recomendaciones que, en mayor medida, las sociedades explican en lugar de cumplir. Entre ellas destacan las que se refieren al carácter independiente de los consejeros, a la participación de mujeres en el consejo, a la votación en la junta general de accionistas del informe sobre política de retribuciones y a la información individualizada de las retribuciones de los consejeros.

Precisamente los aspectos relacionados con la calificación de los consejeros independientes y la transparencia en la remuneración son dos de los lastres para el despegue del buen gobierno en España. A pesar de todo, la valoración de la FEF sobre las prácticas de gobierno corporativo de las empresas españolas muestra "una ligera mejoría" con respecto a ediciones anteriores.

El estudio destaca la concentración de poder. En el 62,7% de las compañías el presidente del consejo es el primer ejecutivo

En cuanto a la presencia de consejeros independientes, el informe destaca que ésta "sigue una senda creciente" en los consejos de administración de las empresas españolas. De hecho, la proporción de este tipo de administradores en el conjunto de las sociedades cotizadas españolas es cercana al tercio que recomienda el Código Unificado, con un ligero incremento respecto al ejercicio anterior.

También destaca una tendencia a la baja del número de empresas que no tienen consejeros independientes. Mientras que en 2004 había 14 sociedades sin independientes, en 2005 se había reducido a 13 y en 2006 a diez.

El ejercicio analizado por la Fundación de Estudios Financieros constata que ya sólo hay siete empresas cotizadas sin independientes. Una figura que es especialmente numerosa entre las empresas del Ibex.

Sin embargo, el buen gobierno no ha avanzado en lo referente al periodo de permanencia de los independientes en el órgano de administración -el Código recomienda no superar los 12 años-. Se ha pasado de 36 empresas que en 2007 tenían consejeros de esta categoría con más de 12 años en el consejo a 37 en 2008. Además, el mandato medio de aquellos que superan los 12 años de permanencia se eleva a 19,7 años.

El estudio también pone de manifiesto el aumento que se ha ido produciendo en la concentración de poder, ya que el porcentaje de las empresas en las que el presidente es también el primer ejecutivo de la sociedad ha subido del 57,8% al 62,7% en 2008.

Quintás pide consejeros mejor formados

El presidente de la CECA, José Ramón Quintás, opinó durante la clausura de la presentación de la sexta edición del Observatorio de Gobierno Corporativo de la FEF que las grandes entidades financieras internacionales que desencadenaron la actual crisis no supieron analizar los riesgos globales.Subrayó además la "incompetencia" de algunos consejeros respecto a la comprensión de los riesgos financieros surgidos y la dificultad con la que los administradores, especialmente los independientes, se encuentran a la hora de recabar información de expertos tanto externos como internos de la empresa.El Código Unificado recomienda que las sociedades cotizadas evalúen a su consejo una vez al año, pero Quintás señaló que hay movimientos de opinión que van más allá y propugnan exigir más formación a los consejeros e incluso la realización de exámenes periódicos por el regulador. "Hay quien dice que los resultados deberían ser públicos. Esto quizá sea excesivo", apuntó.Respecto al debate de las remuneraciones, se mostró a favor de afrontar el problema desde un punto de vista estrictamente fiscal y alejado de criterios éticos, de forma que todos los grandes sueldos sean tratados de la misma forma.Además se mostró partidario de la intervención de los estados sólo en el caso de las entidades intervenidas, puesto que los gobiernos deben de velar por los intereses de los ciudadanos y la sociedad.