La economía helena no conoce el superávil fiscal en este siglo

España tiene la mitad de deuda pública que Grecia

España tiene la mitad de deuda pública que Grecia
España tiene la mitad de deuda pública que Grecia

La reputación de la economía española sufrió la semana pasada uno de los mayores ataques que jamas había vivido en la historia. Nourel Roubini, profesor de la Universidad de Nueva York, señaló que España representaba una amenaza para la zona euro. Pocos días después, Paul Krugman, premio Nobel de Economía, advirtió del riesgo, "mayor que el de Grecia", que para los países que comparten moneda supondría una caída de España. Y finalmente, el comisario de Asuntos Económicos, Joaquín Almunia, señaló que España y Grecia compartían problemas. Las reacciones no se hicieron esperar: la bolsa cayó un 6% el jueves, y el diferencial de la deuda se disparó a 100 puntos. Grecia cerró ese día con una prima de riesgo de 360 puntos básicos.

El Ejecutivo se ha esforzado en negar el paralelismo con la economía griega e incluso con otros países, como Portugal, cuya estabilidad económica es mayor. El principal inconveniente de la economía española es el desempleo, con una tasa de paro del 18,8%, lo que suponen más de cuatro millones de parados, así como las consecuencia que puede tener sobre las cuentas públicas: un incremento de los gastos en protección, y un fuerte descenso de los ingresos por la reducción registrada en las bases imponibles de naturaleza salarial. Esta gran bolsa de personas sin empleo es el resultado del parón tras quince años de crecimiento continuado, que provocaron un incremento de la población activa sin precedentes. En 1994 había 12 millones de personas ocupadas, y quince años después hay 18 millones.

Dos niveles económicos

España ha incorporado 6 millones de trabajadores en quince años, mientras que el número de parados sigue siendo el mismo, en torno a cuatro millones de personas. Por tanto, tiene una fortaleza potencial considerable comparada con la que puede aportar Grecia o Portugal, que apenas superan los cinco millones de personas ocupadas cada uno. Tal cantidad de ocupados son lo que generan un PIB que en España supera el billón de euros (1,05 billones este año pese a la recesión), mientras que la economía griega y portuguesa producen una cuarta parte que España.

En la comparación de las finanzas públicas, España también sale bien parada. Tiene una deuda pública acumulada algo superior al 50%, y llegará al 72% en 2011, mientras que Grecia ya supera ahora el 100% del PIB, y Porgutal alcanzará el 91% en 2011. Además, mientras España ha controlado las cuentas públicas en los años previos a la crisis, Grecia no ha logrado superávit fiscal en los años de este siglo.

La economía griega está en déficit desde el año 2000 y la diferencia negativa entre ingresos y gastos nunca ha bajado del 3% del PIB. En ese mismo periodo, el déficit español se ha reducido progresivamente desde el 3,4% del PIB hasta registrar superávit en tres ejercicios (2005-2007). La crisis financiera y el crac inmobiliario en España han provocado que el desajuste fiscal crezca al mismo ritmo que en Grecia, según las previsiones de la Comisión Europea, aunque la capacidad para responder no es igual.

Ante el desplome de los ingresos y la caída de la actividad, los gobiernos tendrán que recurrir al endeudamiento para financiar esos déficit. Sin embargo, las posiciones de partida no son las mismas.

Ambos países preparan fuertes ajustes en sus gastos

El riesgo de bancarrota al que está expuesto la economía griega ha obligado a la UE a exigir un plan de ajuste de sus cuentas públicas sin precedentes. El nuevo ejecutivo griego, que asumió el poder en octubre, se verá obligado a reducir la nómina de funcionarios y a bajar los salarios de los trabajadores públicos hasta un 25%, además de preparar una severa reforma del sistema de pensiones.

El escenario en España no es tan dramático, aunque afronta ajustes serios en sus cuentas para los próximos años. El plan de recorte del gasto público por valor de 50.000 millones de euros contempla, entre otras medidas, reducir la tasa de reposición de los funcionarios (sólo se repondrá uno por cada diez jubilados) y moderación salarial durante tres años, además de una reforma del sistema de pensiones.