Frente al récord de paro y déficit público
A fecha de hoy, dos son los más evidentes desequilibrios de la economía española. Por un lado, el desajuste laboral (la Encuesta de Población Activa del cuarto trimestre de 2009 acaba de arrojar la cifra de 4,3 millones de parados, el 18,8% de la población activa) y, por otro, el déficit público (el Gobierno declara que alcanzará el 11,4% del PIB en 2009).
Ambos desajustes, que alcanzan cifras récord, exigen adecuadas respuestas de política económica, en forma de medidas coyunturales y reformas estructurales, teniendo en cuenta que el proceso de creación de empleo a medio y largo plazo requiere consolidación presupuestaria (evitar excesivos déficit y endeudamiento de las finanzas públicas).
La explosión de la imponente burbuja inmobiliaria generada desde 1998, la crisis turística y la debilidad competitiva de muchas ramas industriales (junto con la crisis financiera), están en la base de la intensa destrucción de empleo y el crecimiento del desempleo en España. De ahí la necesidad de cambiar el modelo económico, lo cual exige otro contexto socioeconómico y otro patrón de gasto (tanto público como privado, un gasto más productivo y menos especulativo), que faciliten ambos el cambio del modelo productivo, de modo que éste sea capaz de generar más y mejores empleos.
En este tránsito, el papel de las administraciones públicas es fundamental y un endeudamiento público muy elevado tiende a impedirlo. De las administraciones públicas depende crear ese otro entorno socioeconómico que aliente ese otro patrón de gasto, que propicien el trabajo, el ahorro, la inversión y la innovación. Y además, de las administraciones públicas depende reorientar el gasto público de modo que gane en calidad, eficiencia y productividad; porque España necesita mayor esfuerzo en educación, tecnología, innovación, infraestructuras, etc.
Con vistas al necesario cambio de modelo económico, la gravedad del actual déficit y consecuente endeudamiento público no puede ser minusvalorada. Ello no sólo porque dificulta el cumplimiento de la exigencia comunitaria del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (el Consejo de la UE establece que en 2013 España debe reducir el déficit público por debajo del 3% del PIB), sino que introduce el riesgo de insostenibilidad de las finanzas públicas españolas a medio y largo plazo. Lo cual no es baladí, pues tiene graves consecuencias para las finanzas públicas españolas, al provocar desconfianza en los mercados financieros, elevar la prima de riesgo de las emisiones de deuda, aumentar la carga del servicio de ésta, comprometiendo una creciente porción del gasto público.
Nada peor para el cambio del modelo económico que el hándicap de unas finanzas públicas muy desequilibradas, porque la creación de empleo exige una actuación activadora de las administraciones públicas, incompatible a largo plazo con el desequilibrio de las finanzas públicas. Combatir el paro exige finanzas públicas equilibradas.
En este contexto surge el anuncio del Gobierno del plan de austeridad, que con carácter plurianual (2010-2013) busca hacer sostenibles las finanzas públicas a medio y largo plazo y cumplir con el compromiso comunitario de 2013. Centrado en el lado del gasto (pues no afecta al lado de los impuestos que ya fueron incrementados en los presupuestos aprobados), anuncia una reducción del gasto público de 50.000 millones de euros; reducción que recaerá principalmente en la Administración del Estado (40.000 millones) y, en menor medida, en las comunidades autónomas, a quienes el plan reclama cooperación en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
La contención del gasto no sólo afecta al gasto corriente (retribuciones al personal, recorte de la oferta de empleo público y transferencias), sino también a las inversiones en infraestructuras, quedando fuera del recorte gastos relativos a educación, tecnología e innovación, prestaciones sociales y ayuda oficial al desarrollo. Finalmente, el plan incluye un proyecto (no concretado) de reestructuración del sector público, que afecta tanto a organismos administrativos como a empresas públicas.
¿Cómo valorar este plan? Aunque tardío, el plan se mueve en la dirección correcta, rectificando la insuficiente contención del gasto no productivo de los Presupuestos Generales aprobados para 2010, siendo razonable que queden fuera de la contención determinados gastos muy necesarios para el cambio de modelo productivo (educación, I+D+i) y la cohesión social.
En cambio, resulta decepcionante que el plan sólo contenga un indeterminado propósito de reestructuración del sector público (organismos y empresas públicas), dando cierta imagen de improvisación.
José Ramón de Espínola . Director del Departamento de Economía de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-Icade