Comunidades y municipios deberán recortar su gasto en 10.000 millones

La obsesión del Gobierno por inyectar credibilidad a su política económica y congraciarse con los mercados le llevó este viernes a anunciar un recorte de 40.000 millones en el gasto estatal hasta 2013, que intentará complementar con un ajuste en las comunidades autónomas y ayuntamientos de otros 10.000 millones, aún por concretar.

El desboque del déficit hasta el 11,4% del PIB en 2009, frente al 9,5% previsto formalmente, ha disparado las alarmas en el Gobierno cuando la credibilidad de su política económica sigue bajo mínimos y la vigilancia de las agencias de calificación acecha. Recién llegado de Davos, donde José Luis Rodríguez Zapatero ha podido pulsar las dudas que suscita la economía española, este viernes presidió un Consejo de Ministros que alumbra cuáles son, en realidad, las preocupaciones del Gabinete.

El plan de austeridad presentado por la vicepresidenta económica, Elena Salgado, comprende cuatro ejercicios, hasta 2013, e incluye medidas que obligarán a realizar un esfuerzo de contención del gasto equivalente a 8,4 puntos de PIB para cumplir el Plan de Estabilidad que compromete a reducir el déficit al 3%. Las medidas inmediatas para este año se concretan en un acuerdo de no disponibilidad de 5.000 millones, cuando hace apenas un mes que se han cerrado los Presupuestos. El objetivo en 2010 es conseguir un ajuste de medio punto de PIB y para ello Economía ha emplazado al resto de ministerios a que antes del 1 de marzo propongan las partidas a recortar.

Se sabe sólo las que no quedarán afectadas: I+D+i, educación, sanidad, dependencia y lo que, de forma genérica, el Gobierno entiende por "gasto social", concepto que engloba las pensiones y las prestaciones por desempleo. Salgado dio a entender que sí sufrirán recortes "de varios miles de millones" las inversiones en infraestructuras, así como los gastos de personal. De hecho, la oferta de empleo público se reducirá al 10% de la tasa de reposición y no se contratará a nuevos interinos.

Los mismos criterios regirán para el plan de austeridad diseñado entre 2011 y 2013, cuyo montante principal asume también la Administración central. Para este periodo, se persigue un ajuste equivalente el 2,6% del PIB que se desglosa entre gastos de personal (-0,3%), funcionamiento (-0,2%) e inversiones (-0,5%). El resto del recorte, hasta el 1,6% de PIB, se refugia en el capítulo indeterminado de "transferencias y otros gastos". Salgado señaló que "hay margen más que suficiente" para cumplir con este compromiso de contención, entre otras razones porque el Gobierno también tiene en su agenda una ambiciosa reestructuración del sector público empresarial, cuyos detalles ofrecerá dentro de tres meses.

El grueso del ajuste hasta 2013 lo afrontará la Administración central: 5,2% del PIB del 5,7% previsto para el conjunto de las administraciones públicas. Por ello, se va a proponer a las comunidades autónomas, a través del Consejo de Política Fiscal, que arrimen el hombro. La vicepresidenta espera que obren "con sentido de la responsabilidad", aunque reconoció que el Gobierno central carece de "herramientas" para comprometerlas con el objetivo de estabilidad presupuestaria. Esta apelación a la responsabilidad de las comunidades se produce a seis meses del cierre del nuevo modelo de financiación autonómica que inyectó en el sistema 11.000 millones extra. Salgado considera que los gobiernos regionales entenderán que este modelo tiene carácter estructural, mientras que el esfuerzo que ahora se les pide para reducir el gasto "es coyuntural".

Otro tanto ocurre con los ayuntamientos. Para que las protestas de los ayuntamientos no se disparen, fuentes gubernamentales informaron a CincoDías que se intentará negociar en breve el marco de la nueva financiación municipal, con el fin de que ésta pueda entrar en vigor el año que viene.

La deuda pública se disparará hasta el 74% del PIB en 2012

España acabará este ejercicio con una deuda pública cercana al 60% del PIB, porcentaje que aumentará hasta el 74% en 2012, según los cálculos que maneja Economía. Según Elena Salgado, estas previsiones dan un margen suficiente de actuación para cumplir con el Pacto de Estabilidad.El Gobierno achaca el desboque del déficit hasta el 11,4% del PIB en 2009 a los estímulos fiscales aprobados para reactivar la economía y al impacto que ha tenido la crisis sobre los ingresos tributarios, que ha implicado la pérdida de recaudación de más del 30% en algunas figuras impositivas. En este aspecto, Economía cree ver la luz al final del túnel, puesto que hasta 2013 prevé un aumento del 3,7% en los ingresos de las diferentes administraciones públicas gracias a la recuperación prevista en la recaudación de Hacienda. De este porcentaje de aumento, el 1,9% procedería de los impuestos indirectos y el 1,5% de los directos. Economía prevé que los gastos públicos se reduzcan 4,8 puntos de PIB como consecuencia de la retirada de los estímulos fiscales y del plan de ajuste anunciado este viernes.

Montoro acusa a Zapatero de haber perdido "el control de la situación"

La ambigüedad con la que el Gobierno ha presentado aspectos importantes de su plan de ajuste presupuestario cuando acaban de cerrarse las cuentas de 2010 ha servido en bandeja al PP la crítica a este nuevo giro en la política económica. Su portavoz de Economía, Cristóbal Montoro, afirmó este viernes: "Estamos asistiendo al recorte de derechos de los españoles. España es un país serio y creíble. El que no es serio ni creíble es el Gobierno de Rodríguez Zapatero que ha perdido claramente el control de la situación". Hace un mes escaso que el principal partido de la oposición planteó al Ejecutivo un pacto para recortar el gasto en las tres administraciones públicas, dado que entre el PSOE y el PP gobiernan el grueso de comunidades autónomas y ayuntamientos. El Gobierno hizo caso omiso de esta oferta, porque no la concedió credibilidad alguna. A juicio de Montoro, "no es serio ni creíble que 29 días después de haberse aprobado el Presupuesto en las Cortes y con una nueva ley de financiación autonómica aprobada por todos los parlamentos autonómicos, el Gobierno presente este ajuste".