La primera gran reforma estructural de Zapatero: retrasar la jubilación

José Luis Rodríguez Zapatero comentó en privado en la pasada legislatura que nunca reformaría la Seguridad Social, porque nunca recortaría los derechos sociales de los españoles.

Cuando se le hacía ver que las finanzas de la Seguridad Social no serían eternamente sostenibles, y menos si surgía una crisis económica como la actual, lo que se convertiría en una verdadera amenaza para los derechos de los ciudadanos, replicaba que "yo no descarto que algún día alguien tenga que hacer algo; pero yo no lo haré". Pero el presidente del Gobierno se ha rendido a la evidencia y admite ya que tendrá que hacer reformas en el sistema de pensiones, y no precisamente de las agradables. El Consejo de Ministros que preside propondrá hoy retrasar la edad de jubilación (dícese que hasta los 67 años, como ya han hecho otros países europeos) en la que es la primera gran reforma estructural de carácter social y financiero que acomete seis años después de llegar a La Moncloa.

La Seguridad Social tiene aún superávit financiero, si bien es cierto que se reduce a marchas forzadas con el avance de la crisis. Aún cerró 2009 con 8.200 millones de euros de excedente financiero, si bien es cierto que el excedente de explotación (cuotas menos pensiones, y excluidos los ingresos procedentes del rendimiento del Fondo de Reserva), el superávit es más limitado, del orden de los 6.000 millones de euros, un 0,6% del PIB. Además, cuenta con un fondo de reserva notablemente capitalizado, con más de 60.000 millones, casi tanto dinero como tienen los 10,1 millones de españoles en los fondos privados de pensiones ahora. Pero la evolución demográfica, la evolución de las variables de ingresos y costes de la Seguridad Social, y la poco optimista evolución esperada en la economía y el empleo, pueden volatilizar en pocos trimestres el superávit del sistema, y en pocos años los ahorros del fondo de reserva.

Por ello, y por vez primera con la previsión exigida, el Gobierno se pone manos a la obra a reformar la Seguridad Social. Habrá que hacer más cosas que retrasar la jubilación, que, por otra parte está en media en 62 años, pese a que la ley la establece en los 65 años. El ahorro de una medida de este tipo no es baladí: un año más cotizando y un año menos cobrando pensión todos los españoles proporcionan a la caja de la Seguridad Social unos recursos agregados de casi ocho mil millones de euros. Si el retraso legal es de dos años, nada menos que 16.000 millones, suficientes como para encaminar la solvencia futura del sistema. Si se acompaña de otros medidas que refuercen la contributividad: prolongar el periodo de cálculo, elevar la carencia de 15 años, y endurecer la escala de aseguramiento.

No nos olvidemos también de que se trata de una subida de impuestos y de una reducción de gastos, que aliviará las finanzas públicas agregadas. Además, con estos sobre ingresos, el Gobierno puede financiar buena parte de las políticas activas de empleo que ahora están casi paralizadas por la crisis. Los excesos de cuotas pueden ir a bonificar contratación de jóvenes en los próximos años.

Aun no había temor a una quiebra de la Seguridad Social. No tendría lógica que lo hubiera. Pero no está demás hacer lo que el Gobierno de Zapatero propondrá mañana. En Alemania se paralizó la economía en los noventa porque gastaba un 30% del PIB en sostener el estado del bienestar y la población comenzó a sospechar que aquello era insostenible, y comenzó a forzar la máquina del ahorro. Sólo soltó amarras y comenzó a consumir e invertir cuando las reformas de socialdemócratas y democristianos devolvieron la seguridad, con los recortes, de que ya era sostenible. En España podía empezar a pasar lo mismo. Y no nos lo podemos permitir con una población envejecida y uno de cada dos menores de 30 años sin empleo.