Los pronucleares abandonan el 'almacén'
El concurso para albergar el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos radiactivos está sirviendo de test para medir el grado de aceptación que tendría en España un proyecto nuclear, léase alguna nueva central. Pero, aunque el rechazo ciudadano ya ha sido recogido en encuestas reales, lo que más llama la atención de la situación generada por el ATC, es cómo partidos que han proclamado a los cuatro vientos su vocación nuclear y exigen permanentemente un debate (o, más bien, un debate permanente) se han pasado, de repente, al otro bando. Tal es el caso del Partido Popular, que ha anunciado un expediente disciplinario contra el alcalde de Yebra, Juan Pedro Sánchez, por haber promovido la candidatura de su municipio (la primera que se presenta) para construir en él el ATC. Con toda probabilidad, Sánchez y los ediles rebeldes serán expulsados de las filas del partido. Hay que decir, en honor a la verdad, que no es el PP en su conjunto, sino sólo la sección de Castilla-La Mancha, con su secretaria general, María Dolores de Cospedal, a la cabeza, la artífice de dicho expediente. Pero también es cierto que los principales dirigentes populares se han lavado las manos. Mediante la petición "de respeto", en el caso de Javier Arenas; de exigir un debate más amplio, caso de Esperanza Aguirre ("mientras debatimos no construimos", parece ser su eslogan) o, simplemente, guardando silencio, como ha hecho el propio Mariano Rajoy. Una actitud que contrasta con la oposición firme y pública que mantuvo el año pasado respecto al cierre de la central de Garoña, para lo que se sumó a los grupos de presión contra el Gobierno.
¿Y qué decir de Cristóbal Montoro, firme partidario de un pacto energético que incluya un programa nuclear para España? ¿O es que olvida el portavoz del PP en el Congreso que esas centrales a las que supuestamente defiende su partido no generan residuos que requieren de un almacenamiento durante siglos?
Se argumentará que la posición de Cospedal es sólo electoralista, ya que el rechazo frontal al proyecto del presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, no le deja otra opción política. De lo cual se desprenden dos conclusiones. La primera, que da igual la posición de los partidos ante la energía nuclear, pues siempre estarán a merced de sus electores y, dada la configuración territorial de España, nunca tendrán una sola voz, sino una por cada comunidad autónoma, que, por otra parte, tienen competencias medioambientales. La segunda, que los partidarios de las plantas nucleares lo son siempre que se las coloquen al vecino lejano.
Otro argumento que se puede esgrimir a favor de la actitud del PP, y otros detractores del ATC, como CiU, es que no se trata de una nuclear. Efectivamente, nada tienen que ver sus riesgos (infinitamente menores, según los expertos) ni su función, que es la de encerrar una parte mínima de los residuos (los de mayor intensidad) de las ocho centrales españolas y los de la clausurada Vandellós I, que custodiará Francia hasta 2011.
Además, a diferencia del riesgo financiero de construir una nueva central, cuya inversión, con suerte, comienza a dar sus frutos, a partir del sexto o séptimo año, el proyecto del almacén nuclear se pagará con los fondos aportados durante años por los consumidores eléctricos y, desde hace pocos años, por las propietarias de las centrales, y que son recaudados por la empresa pública Enresa.
Almacén inevitable
Sea como fuere, el almacenamiento se debe hacer sí o sí. Con una diferencia: si no se construye el ATC, un sistema quizás más seguro y fácil de gestionar, será imprescindible construir un almacén individual en cada central, una vez que se llenen las piscinas con que cuenta cada una, lo que resultará más oneroso (por cada día extra que Francia deba custodiar los desechos de Vandellós I, España deberá pagar 60.000 euros). Algunas de las piscinas están a punto de saturarse, como es el caso de Ascó I, donde se va a construir un almacén con capacidad para los residuos que genere en dos años, a la vista de que el ATC no comenzará a funcionar hasta dentro de cinco años.
A menos de una semana de que concluya el plazo para que se presenten las candidaturas sólo el ayuntamiento de Yebra ha dado la cara. Mañana está previsto que lo vote el de Ascó, al que se atribuyen muchas más posibilidades si, finalmente, lo admite. Sus ventajas son de tipo político (el PSC no se opone); geográfico (dispone de tren tiene tres plantas en sus cercanías) y económico (cuenta con los técnicos que desmantelaron Vandellós). Pero la suerte aún no está echada y hay voces críticas contra un Gobierno al que, pese a haber aprobado en su día el proyecto y de haber convocado el concurso para su adjudicación, acusan de no dar la cara para exponer las bondades de un almacén que, además de sus 700 millones de inversión y de los 300 empleos previstos, resulta, al parecer, inevitable.
