Reglas en el sector público
Hablar hoy de transparencia significa ofrecer información accesible y fiable, relevante para las decisiones, comparable y presentada de forma clara y oportuna. Estos requisitos y características no se han mostrado en épocas recientes fáciles de cumplir, como lo ha puesto de manifiesto la crisis financiera internacional y el subsiguiente desplome de la economía real, allí donde la información publicada nos venía presentando un panorama económico casi idílico, sin mostrar los riesgos del proceso y las amenazas existentes para el mismo.
La inyección de recursos públicos en la economía ha disparado un déficit de las finanzas públicas, lejos de las exigencias europeas de estabilidad, lo cual dificultará, a juicio de muchos expertos la recuperación del equilibrio de nuestras cuentas públicas para 2013. Ello plantea la necesidad de vigilar con especial cuidado el buen funcionamiento de dos grandes ejes de referencia para nuestras entidades públicas: la transparencia informativa y una gestión eficiente de los recursos.
En materia de transparencia, resulta ineludible que todas las entidades rindan cuentas siguiendo unos mismos principios y reglas para la elaboración de sus informes contables y financieros. En tal sentido, las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público emitidas por el IPSASB ejercen un papel fundamental, en línea del IASB en el ámbito de la contabilidad empresarial. Estas normas se siguen por un creciente número de países, entre ellos España, y por organismos internacionales, como la Comisión Europea, la OCDE y la OTAN.
La información puramente financiera resulta, sin embargo, insuficiente en el sector público, ya que tanto los ciudadanos como los agentes sociales y económicos precisan de una información más rica y diversificada, que debe incorporar, junto a los estados financieros, instrumentos tales como los indicadores de gestión, el cuadro de mando o las cartas de servicios.
En la actualidad, el sector público empresarial y fundacional se rige por el PGC de 2007. En cuanto al sector público administrativo, en 2010 se espera la aprobación de un nuevo Plan General de Contabilidad Pública, aplicable a partir de 2011, que vendrá referido en su estructura, criterios y doctrina, a las normas internacionales de contabilidad del IPSASB y al nuevo PGC.
La reforma del PGCP va a resultar más visible quizá en la presentación de la información financiera, por la introducción de estados contables similares a los de las empresas. Sin embargo, será en el ámbito de los criterios de reconocimiento y valoración donde las novedades serán de mayor calado, como en el caso del tratamiento de las infraestructuras públicas o la consideración de los instrumentos financieros. Un predominio más efectivo del fondo económico sobre la forma jurídica y las exigencias presupuestarias será un objetivo central del nuevo Plan.
Hablar de transparencia y rendición de cuentas de los entes públicos supone igualmente resaltar la importancia decisiva de internet. Tan es así, que prácticamente podemos considerar que una entidad que no se posiciona y se visualiza en la red no cuenta a efectos de transparencia.
En materia de control, todavía queda lejos la implantación efectiva de auditorías sistemáticas y obligatorias, a un nivel similar al de las empresas, y ello supone un obstáculo para la transparencia y el buen gobierno efectivo de las administraciones públicas.
Finalmente, la cuestión quizá más importante en materia de transparencia se sitúa en el ámbito de la ética pública. Difícilmente podrá tener mucho recorrido la política de transparencia si en torno a ella no se cultiva un sentido ético del servicio público, asumido y aplicado por los agentes políticos, económicos y sociales, los auditores, los reguladores y los profesionales de la información.
Así las cosas, la Comisión de Contabilidad y Administración del Sector Público de AECA, dentro del escenario descrito y los principios del buen gobierno público, tiene como objetivo la puesta en común de la experiencia y diversas perspectivas de las entidades y profesionales implicados en la gestión y contabilidad de las entidades públicas, con vistas a mejorar la calidad de su información y contribuir con ello a una mayor transparencia de su gestión y de sus cuentas.
Vicente Montesinos Julve. Presidente de la comisión del sector público de AECA