Salarios, contratos y despidos dialogados
Tras dos años mirando cómo los indicadores económicos (inversión, consumo, producción y empleo) se desplomaban sin buscar soluciones negociadas responsables, los sindicatos, la patronal y el Gobierno se han convencido ya de que "hay que hacer algo". La presión creciente de una situación en la que casi 4,5 millones de personas quieren trabajar y no encuentran dónde, lo que supone nada menos que una de cada cinco, pero casi una de cada dos si nos centramos en el colectivo de los menores de 30 años, ha llevado a los responsables de conducir las relaciones laborales y al Ejecutivo a la conclusión de que "no se puede seguir sin hacer nada". Por ello, tras el estrepitoso fracaso de julio, en el que el Gobierno planteaba un acuerdo desequilibrado que no resolvía otra cosa que aliviar la situación de los desempleados, pero que evitaba meter la mano en las reformas que precisa la economía, se ha reactivado el deseo de un acuerdo. El Gobierno da por bueno que no habrá vuelta a las tasas de desempleo de antes de la crisis en al menos cinco años, pero los especialistas retrasan a diez años ese umbral temporal, siempre y cuando se hagan unas cuantas reformas que aquí hemos citado varias veces.
La disolución como si de un azucarillo en un café caliente se tratase de dos millones de puestos de trabajo en menos de dos años obliga a repensar el sistema productivo. Pero obliga también a una revisión de la estructura formativa de los españoles, así como de los costes de la actividad en todos los sectores si se quieren rescatar los niveles de competitividad que se han perdido, y que pueden deteriorarse más con la fuerte competencia en la generación de bienes y servicios de los países emergentes.
Los contenidos que se discutirán en las mesas de diálogo social son una parte importante de la solución, aunque no toda. Bien harían los negociadores en someter a revisión todo el sistema de costes laborales, cualquiera que sea su naturaleza (fiscal, salarial, indemnizatorio, burocrático, de protección) para establecer un modelo laboral más adaptado a la realidad, que combatiese las altas tasas de desempleo y que enterrase la decepcionante dualidad que ha estratificado a la fuerza laboral. Ayer, Fedea presentó una propuesta en tal sentido, que básicamente había sido defendida ya por el manifiesto que un centenar de economistas habían puesto en circulación hace ahora un año, y que suscribió, entre otros, José Manuel Campa, que hoy dirige la política económica.
Sustituir el selvático sistema de contratos existente, con diferentes indemnizaciones, que mantiene despidos caros en una gran franja de las plantillas y despidos casi gratis en otra parte creciente y que afecta sobre todo a los jóvenes, por un contrato único y nuevo, con una indemnización creciente en función de la antigüedad. Doce días por año con un año de permanencia en la empresa, y creciente hasta 36 días por año con doce de antigüedad o más, que contribuiría a estimular la presencia en la empresa y a arraigar la formación. No es una fórmula mágica, aunque aparentemente abarate la indemnización; pero debe ser considerada, porque la actual podría estar agotada, y estar sirviendo de obstáculo a la contratación, sino ahora, sí cuando el crecimiento demande más empleo.
Pero esta negociación, en la que el Gobierno debe tomar partido en vez de anunciar de antemano que no abaratará el despido, debe acompañarse por unas cuantas medidas más de suavización de costes laborales, sean cuotas o remuneraciones, porque históricamente se demuestra que cada vez que se opera una reducción del factor trabajo, España genera más empleo.
Esta reforma no admite demora, aunque llevará su tiempo de maduración. Pero no resiste mucha dilación la determinación de las marcas que guíen la negociación de los convenios de este año y los siguientes. Las empresas no están mejor que hace un año, ni en financiación ni en ventas. Y precisan de un control estricto de todos sus costes, y desde luego del salarial. Para ello, sindicatos y patronal tienen bastante avanzado un pacto de control de salarios para tres años, en el que los sindicatos negocian compensaciones en materia de empleo. ¿Qué es control salarial? El secretario de Estado de Economía apuntó ayer a subidas de rentas similares al IPC pasado (0,8%) como la mejor referencia.