El sistema de financiación, en cuestión
Primero fue Cataluña la que reclamó una mayor capacidad de financiación, y ahora son los ayuntamientos los que están exigiendo para sí una parte de los ingresos tributarios de las comunidades autónomas. No cabe duda que nuestro sistema de financiación presentaba ciertas deficiencias, dado que no tenía en cuenta la evolución que estaban experimentando las necesidades de las comunidades autónomas. Es cierto que el aumento de la población ha hecho que muchas autonomías no dispongan de recursos suficientes para prestar los servicios que son de su competencia, o que se generara una distribución desigual que resultaba totalmente injusta. Pero tampoco es menos cierto que no se están teniendo en consideración que los ayuntamientos se están viendo obligados a tener que prestar unos servicios para los cuales no tienen competencia ni financiación, y que les está sometiendo a un gasto que les supone el 25% de su presupuesto.
Lo curioso es que, dependiendo de los actores de que se trate, se han prestado distintas soluciones para un mismo problema. Las comunidades autónomas han logrado que algunas de sus demandas hayan sido satisfechas con la aprobación de la reforma de la Ley Orgánica de Financiación Autonómica, aunque no cabe duda que unas han salido más beneficiadas que otras, y no ha resuelto todos los problemas. Mientras que los gobiernos locales, aprovechando la coyuntura, han pedido al Estado que retenga un porcentaje de las cantidades que adjudican a las comunidades para dárselas a ellos, o bien que obligue a los Gobiernos regionales a entregarles una parte de sus ingresos tributarios para poder asumir el coste que les están generando estos servicios impropios.
Ahora la cuestión es saber si las demandas de los ayuntamientos también serán escuchadas y satisfechas, es decir, si se les concederá más dinero. De momento parece que no, cuando en la reciente reforma no se ha previsto tal posibilidad. Además, simplemente el debate de este asunto está enzarzando en lucha encarnizada a las partes implicadas. Por un lado, el Ministerio de Economía está intentado dirimir qué servicios deben ser considerados como impropios y, así, acercar posturas. Las comunidades no se están mostrando dispuestas ni siquiera a abrir una verdadera discusión sobre este tema. Y los ayuntamientos están exigiendo con más fuerza que nunca la concesión de esta antigua demanda, especialmente si tienen que seguir responsabilizándose de este tipo de servicios.
Sólo cabe preguntarse si el Estado será tan complaciente como lo ha sido con las peticiones de algunas comunidades autónomas, y terminará de cerrar por fin el sistema de financiación incluyendo alguna disposición que venga a compensar a las entidades locales y realizando algunos ajustes a la actual reforma.
Gema Sánchez. Profesora de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Complutense de Madrid