Chile marca el camino hacia la OCDE en el cono sur
Desde hoy Chile forma parte de la OCDE. Un solemne acto en el Palacio de la Moneda culmina un proceso de adhesión que ha comportado importantes cambios legislativos en Chile, así como un significativo avance en la creciente apertura de la OCDE hacia los países emergentes. Como bien señaló la Presidenta Bachelet ante el Consejo de la OCDE, "esta Organización ha dejado de ser un club de países ricos para convertirse en un club de buenas prácticas, en una plataforma capaz de mejorar la gobernanza global".
Chile es el segundo país de América Latina, después de México, -y el primero de América del Sur- que entra en la OCDE. Ha sido el más rápido en negociar e introducir reformas de un grupo de países a los que la OCDE ha invitado a ingresar, y en el que se encuentran también Estonia, Eslovenia, Israel y Rusia. Por otra parte la OCDE está empeñada en intensificar sus relaciones con los países emergentes y en desarrollo. Así, ha lanzado el proceso denominado de "vinculación reforzada" con China, India, Brasil, Indonesia y Sudáfrica, orientado a aproximar a estos países a la Organización, a sus estándares y buenas prácticas, con vistas a una futura incorporación. También ha establecido programas regionales de cooperación con el Sudeste de Europa, Asia Central, el Sudeste de Asia y, con singular amplitud y ambición, la región del Norte de África y Oriente Medio.
El ingreso de Chile constituye un paso importante para acentuar la diversificación geográfica, económica y cultural de una organización surgida hace casi cincuenta años a partir de la experiencia precedente de cooperación entre Estados Unidos y Europa que garantizó la adecuada aplicación de los recursos del "Plan Marshall". España formó parte de la OCDE desde su inicio, a pesar de ser, entonces, un país subdesarrollado con un régimen dictatorial. Aquella incorporación -que debe entenderse en el marco de las relaciones de recíproco interés que se abrían entre Estados Unidos y España- supuso sin duda un formidable impulso a la incipiente apertura de la economía española y facilitó el camino para nuestra posterior integración en la Comunidad Europea.
Durante cinco décadas, el número de países miembros de la OCDE ha venido creciendo, al tiempo que se ampliaban y consolidaban sus numerosas áreas de trabajo.
Hoy, en la OCDE, con 31 países miembros (más la Unión Europea, con voz aunque sin voto), trabajan más de 2.000 personas, se mantienen activos unos 250 comités y grupos de trabajo, y se publican cerca de 300 informes anuales que cubren un amplio abanico de temas: desde la economía a la educación, el empleo, la cooperación al desarrollo, la energía y el cambio climático, la transparencia fiscal, la innovación, la inversión internacional La OCDE constituye una referencia obligada por su probada capacidad de análisis de las políticas desarrolladas por sus países miembros, a partir de datos comparables y desde un enfoque multidisciplinario, lo que permite una visión integrada de la realidad. Asimismo, la OCDE aparece, cada vez con mayor frecuencia, como organización que construye estándares globales y evalúa su implantación a través del ejercicio permanente de transparencia y contraste al que se someten los países miembros. Así sucede, en particular, en la lucha contra los paraísos fiscales, uno de los ámbitos en los que el G20 ha requerido la máxima implicación de la OCDE; o en la cooperación al desarrollo, donde la OCDE realiza una sistemática evaluación de su cantidad, de su calidad y de su coherencia con otras políticas. Las graves consecuencias sociales de la crisis económica, así como el creciente deterioro ambiental, han propiciado, además, una reorientación de las prioridades del trabajo de la OCDE, donde hoy se habla de la urgencia de construir una economía mundial más fuerte, más justa y más limpia.
El Gobierno de Michelle Bachelet ha llevado a cabo un impresionante esfuerzo, tanto legislativo como de gestión, para atender todas las exigencias planteadas por la OCDE. Cabe destacar la aprobación de varias leyes que eliminan el secreto bancario a efectos fiscales, introducen la responsabilidad penal a personas jurídicas en el caso de cohecho a funcionarios públicos, y reducen el poder del Estado en las grandes empresas. Asimismo, Chile ha creado un Ministerio de Medio Ambiente, a instancias de la OCDE que señalaba la conveniencia de reforzar la institucionalidad de la política ambiental.
En todo caso, Chile gozaba de condiciones óptimas para integrarse en la OCDE, debido a la fortaleza de sus instituciones democráticas así como al empeño de apertura de su economía al comercio y a la inversión internacional. Antes de iniciar el proceso de adhesión en 2007, Chile había firmado ya acuerdos comerciales con la mayoría de los países de la OCDE y había aceptado gran parte de las reglas y compromisos internacionales en otros ámbitos. El pasado 15 de diciembre, con ocasión de la Decisión del Consejo de la OCDE en la que invitaba formalmente a Chile a adherirse a la Organización, la UE hizo pública una Declaración en la que manifiesta su satisfacción por las reformas emprendidas en Chile en políticas tales como la de inversiones, anticorrupción, fiscal, gobierno corporativo o medio ambiente, señalando, además, que "la adhesión de Chile hace más relevante a la OCDE". El Embajador sueco -representante en ese momento de los 19 países de la Unión Europea miembros de la OCDE- recordó en dicho Consejo que "el Acuerdo de asociación UE-Chile, firmado en 2002, ha comportado un considerable impulso a las relaciones entre ambas partes, no sólo en materia comercial Durante la cuarta Cumbre de dicho Acuerdo, celebrada el pasado mes de mayo en Praga, Chile reconoció el apoyo recibido de la Unión Europea en el proceso de adhesión a la OCDE, gracias a la consolidada cooperación y a los valores y principios compartidos".
España ha participado activamente en el proceso de adhesión de Chile a la OCDE, promoviendo encuentros y contactos entre representantes de las fuerzas políticas y de las organizaciones sociales y económicas de Chile con sus homólogos españoles, para favorecer la comprensión de los efectos previsibles de las exigencias de la OCDE a partir de la propia experiencia española. En particular, tales iniciativas favorecieron el respaldo social y político en Chile a la desaparición del secreto bancario.
Por otro lado, durante los últimos meses, Chile se ha unido a una iniciativa liderada por España, con el apoyo de México, para intensificar la actuación de la OCDE en América Latina y el Caribe. Esta iniciativa, anunciada por Angel Gurría, secretario general de la OCDE, en la reciente Cumbre Iberoamericana, pretende la creación de un auténtico programa regional acorde con las prioridades e intereses de ambas partes. La iniciativa se beneficia, en particular, del trabajo sistemático del Centro de Desarrollo de la OCDE, dirigido por Javier Santiso: el informe anual "Perspectivas económicas de América Latina", así como la participación activa de Colombia, Perú, Chile, Costa Rica y República Dominicana, miembros del comité de dirección de dicho Centro. Asimismo, se aprovechará la larga experiencia de la OCDE en materia de análisis de la fiscalidad, para impulsar la construcción de una base de datos fiscales comparables para un amplio número de países de América Latina. Se trata de un requisito imprescindible para identificar las reformas fiscales que permitan superar la crónica insuficiencia de recursos públicos, necesarios para combatir las desigualdades en la región.
En síntesis, la entrada de Chile en la OCDE es una buena noticia para ese país -un logro más del Gobierno Bachelet, que ha conseguido convertir este reconocimiento internacional en un éxito del conjunto de la sociedad chilena-, y también para cada uno de los países que integramos esta organización.
Los desafíos globales a los que nos enfrentamos requieren respuestas también globales. El enfoque multidisciplinario, así como la actual voluntad de la OCDE de reforzar vínculos con países no miembros -desde un análisis cada vez más inclusivo sobre los grandes retos de la humanidad- convierte a esta organización en una potente herramienta para la construcción de una auténtica gobernanza global, basada en el reconocimiento riguroso de las interdependencias existentes a escala planetaria entre economía, ecología y cohesión social.
Cristina Narbona. Embajadora ante la OCDE