Batallas eléctricas para el nuevo año

El pulso perpetuo entre las eléctricas y el Gobierno no perderá fuelle este año. De momento, el principal contencioso, aún sin ruido mediático, es el que libran las distribuidoras eléctricas (no sólo las cinco grandes, sino también las 300 pequeñas que tienen ya el mismo régimen retributivo que aquéllas) a cuenta de los ingresos que Industria les ha recortado en las tarifas de acceso para 2010: unos 200 millones de euros.

Este recorte es fruto de la regularización que el ministerio ha hecho de las cantidades que recibieron en 2009 y que en este ejercicio deben devolver. Las empresas se quejan amargamente de no haber recibido la retribución adecuada a sus inversiones (2.000 millones en 2009), en tanto que los reguladores (la Comisión de la Energía y la propia Industria) consideran que los datos de las distribuidoras (que son a la vez las gestoras de las redes que explotan) no son de fiar. En el fondo del conflicto subyace la vieja reivindicación de las distribuidoras de contar con el mismo sistema de retribución de REE para sus redes de transporte: pago por cada activo en el que se invierte.

El conflicto, que estalló en el consejo consultivo de la electricidad de la CNE donde se debatió la orden de tarifas de 2010 y en el que las empresas recibieron el apoyo de las 15 comunidades allí presentes, tiene visos de recrudecerse, pues los cálculos son provisionales, en tanto el regulador los ajusta, y las compañías piden concreción. ¿Quizás vía judicial?

El año que se inicia, una secuela de 2009, no permitirá grandes alegrías en el plano corporativo

Esta es una de las cuestiones que los técnicos de Unesa tienen encima de la mesa. Otras no menos importantes, pero aún en el limbo de la confusión de la Ley de Economía Sostenible, son las medidas relativas a la energía nuclear, de las que el Gobierno ha ofrecido información sumaria. Así, se fija por ley la vida útil de las centrales en 40 años, aunque prorrogables si el Gobierno lo permite, y se obliga a sus propietarias a crear sociedades específicas para sus activos nucleares. A estas medidas (la última ha generado malestar entre las eléctricas, que deberán mantener una contabilidad individualizada para cada central), se une un incremento sustancial de los seguros por daños nucleares.

De momento, sólo se sabe que las cantidades a asegurar se multiplican casi por 10 (de 150 millones a 1.200 millones), pero las empresas tienen serias dudas de que esta norma no encierre alguna otra sorpresa desagradable. O quizás la sorpresa sea, una vez más, para el consumidor.

Esta medida se incluye en un anteproyecto de ley (el de responsabilidad civil por daños nucleares) distinto al de Economía Sostenible y, según fuentes de Industria, se va a remitir en breve al Consejo de Seguridad Nuclear y al Consejo de Estado, por lo que su tramitación en el Congreso no se iniciaría antes de dos meses. Los abogados de las eléctricas se pondrán manos a la obra en cuanto reciban el texto legal.

También en el ámbito nuclear, este año la Audiencia Nacional podría dictar sentencia sobre la denuncia presentada el año pasado por Endesa e Iberdrola contra el Gobierno por el cierre de Garoña.

Otro real decreto que espera ver pronto la luz es el de la titulización del déficit de tarifa, que permitirá colocar en el mercado una buena parte de esta deuda de los consumidores (la que no pudo colocar la CNE debido a la crisis) con el aval del Estado.

Se trata de un texto legal que no planteará problemas en su tramitación, tal como puede ocurrir con otro pendiente de aprobación: el que obligará a las eléctricas a producir con carbón nacional para dar salida a los fuertes excedentes de este mineral por el derrumbe de la demanda. Las plantas de gas que se vean desplazadas por el carbón recibirán el lucro cesante, según el borrador.

En este caso, y dada la polémica provocada por una medida que llega en pleno fervor renovable, el Gobierno ha optado por la prudencia y prepara su notificación como ayuda de Estado a Bruselas. Entre tanto, el último Consejo de Ministros prorrogó la financiación aprobada en julio para que Hunosa compre a las mineras privadas el carbón que siguen extrayendo y lo almacene en sus parques. El stock podría superar ya los 10 millones de toneladas.

Estos conflictos se librarán en medio de una coyuntura adversa, con la demanda deprimida (que en 2009 cayó un 4,6%) y un derrumbe de los precios de la electricidad, que ayer cerraron en el pool a 26,12 euros MWh. Con todo, la tarifa de último recurso del primer trimestre se calculó con el resultado de la subasta Cesur (entre 39,4 y 43,7 euros MWh), lo que ha dado un amplio margen a las comercializadoras.

Frente a las creencias de comienzos de la crisis, en REE consideran ya que una parte de la caída del consumo puede ser estructural y no se recuperará en el futuro. Esto ha hecho que el operador sea menos crítico con el fuerte descenso de las inversiones en generación registrada en 2009: un 34% en el caso de las cinco grandes eléctricas de Unesa.

El año que comienza, una mala secuela de 2009, tampoco permitirá grandes alegrías en el ámbito corporativo: empresas como Endesa, filial de Enel, intentarán convencer al mercado con un nuevo plan estratégico; Iberdrola seguirá manteniendo el tipo (léase rating) pese a su abultada deuda (¿hará una nueva ampliación de capital?) y Gas Natural dedicará el año a digerir su fusión con Fenosa, una vez cerrada la venta de activos a la que se comprometió ante Competencia.