El invisible marco de las apuestas online
Ha tenido que destaparse una presunta trama de manipulación de resultados en competiciones oficiales, de fútbol para más inri, para que el Gobierno se ponga las pilas y deje entrever que la legislación del juego online está al caer. Eso sí, con casi tres años de retraso respecto al calendario que se marcó el propio Ejecutivo.
Ya en 2007, aprovechó la Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información para comprometerse a "regular las actividades de juego y apuestas, en particular las realizadas a través de sistemas interactivos basados en comunicaciones electrónicas". Un compromiso que, previsiblemente hasta la próxima primavera, quedará en papel mojado.
Las apuestas deportivas siempre han estado rodeadas de una nebulosa de confusión y, hasta cierto punto, de oscurantismo. Su situación de alegalidad -por la ausencia de un marco que fije criterios y determine qué parte de sus ingresos deben ir a parar a la Hacienda pública, la más perjudicada por este vacío legal- puede hacer creer que son las empresas las que prefieren permanecer en esta apariencia de normalidad.
Las empresas de apuestas prevén facturar 800 millones en 2012, casi el doble que en la actualidad
No hay que olvidar que compañías como Bwin o William Hill son sociedades cotizadas que deben cumplir puntualmente con sus reguladores a la hora de informar sobre su evolución financiera.
Eso sí, la ausencia de un marco normativo en España no significa que las empresas que dominan el sector no estén, cuanto menos, conformes con cómo evoluciona su negocio. Según la Asociación Española de Apostadores por internet (Aedapi) este negocio mueve al año del orden de 350 millones de euros, pero sólo hasta 2012 multiplicarán estos ingresos hasta los 800 millones de euros. Unas cifras que supondrían un buen pellizco para las arcas públicas, sobre todo en los tiempos que corren.
Se da la paradoja de que la industria del juego no depende del Ministerio de Hacienda, sino de Interior. El porqué hay que buscarlo en la tradicional vinculación del juego a actividades más próximas al hampa que a la búsqueda del beneficio por vías legales. Por el momento, el Ejecutivo no ha desvelado cuáles son sus intenciones. Sí que ha recalcado en diversas ocasiones que España no ha puesto trabas, en ningún caso, a la presencia del juego en la red y que cuando éste sea regulado tendrá que respetar las licencias que los operadores del sector tienen en otros países de la UE. No hay que olvidar que Gibraltar y Malta son los ejes geográficos sobre los que se sustenta el negocio.
Por ejemplo, dos de las firmas británicas con más tradición en las apuestas más variopintas, Ladbrokes y William Hill, trasladaron el pasado verano al peñón la sede de su negocio de apuestas, a pesar de que las apuestas online están reguladas en el Reino Unido desde el año 2005.
Pero la normalización de esta actividad se complica aún más. Por muchas intenciones que tenga el Ejecutivo de crear una ley para la industria de las apuestas en la red, la regulación final depende de las comunidades autónomas. Y ahí sí que no hay consenso. Basta ver cómo han llevado a cabo la regulación de las apuestas deportivas a pie de calle. Sólo dos autonomías (Madrid y el País Vasco) han reglamentado esta actividad de la que se han beneficiado las dos grandes empresas del sector en España, Codere y Cirsa. Ambas pusieron en marcha este negocio hace casi dos años de la mano de William Hill y Ladbrokes, respectivamente. Aunque William Hill trata de desprenderse de su 50% del capital en Victoria para centrarse, precisamente, en el juego online. Fuentes de Codere y Cirsa reconocen que estarían interesadas en entrar en las apuestas online. Pero hoy por hoy tiene más ventajas que inconvenientes, porque es muy difícil poner puertas al campo. Si Madrid concede licencias de apuestas online como ha pedido Bwin, ¿cómo evitar que apueste cualquier usuario que no esté domiciliado en esta Comunidad? Existen mecanismos, por ejemplo, controlando las cuentas bancarias en las que se cobren los premios o los servidores desde donde se realizan las apuestas.
Por ahora sigue siendo una incógnita cuál será la fiscalidad que tendrían las apuestas una vez sean legalizadas. Sin embargo, hay indicios. Un gravamen del 10% (sobre los ingresos menos las ganancias que obtengan los acertantes de las apuestas), que es el mismo con el que se grava actualmente en Madrid a los operadores de locales de apuestas deportivas.
En Francia, la propuesta de tributación que se está negociando es del 7,5% (más un 1% adicional cuando se trate de apuestas deportivas). Una carga fiscal que el sector, según la Aedapi, considera excesivamente baja ya que no evitaría que "el mercado negro siga creciendo".
La industria recalca su interés en que no sólo el mercado esté más regulado, sino en que la fiscalidad de éste no sea excesivamente baja.
Puede que sólo sea por una cuestión de imagen o porque consideran que la regulación les permitiría tener una presencia pública más transparente que deje de ligar al juego online con el blanqueo de fondos y la manipulación de resultados deportivos. "Sólo un mercado regulado con proveedores serios puede evitar más eficazmente que se produzcan tales escándalos de estafas en el futuro", ha asegurado el consejero delegado de Bwin, Norbert Teufelberger. La empresa que patrocina al Real Madrid quiere desligarse así del escándalo que afecta al deporte rey.