La Generalitat asumirá el 1 de enero la gestión de Cercanías de Barcelona
La Comisión Mixta de Transferencias Estado-Cataluña ha aprobado hoy el traspaso de los trenes de Cercanías de Barcelona a la Generalitat, que a partir del próximo 1 de enero gestionará este servicio, aunque la administración central asumirá el déficit de explotación, estimado en 117 millones en 2010.
Así lo han asegurado el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, y el consejero de Interior y Relaciones Institucionales de la Generalitat, Joan Saura, en sendas ruedas de prensa, en las que han expresado su satisfacción por un acuerdo no exento de dificultades.
Chaves y Saura han coincidido también en señalar que, con esta transferencia, se da "un paso histórico" para desarrollar el Estatuto de Cataluña al amparo de la Constitución. El también ministro de Política Territorial ha reconocido que ha sido un proceso de negociación "largo e intenso, no exento de dificultades", aunque siempre presidido por la "máxima lealtad institucional" entre ambos gobiernos.
Ha señalado que el Consejo de Ministros aprobará mañana el Real Decreto de Transferencia para que sea efectiva a partir del 1 de enero de 2010. Chaves ha dicho que a partir de entonces será la Generalitat de Catalunya quien ejerza todas las funciones que, hasta ahora, tenía el Gobierno central en Cercanías, incluidas las tarifarias, aunque el Estado mantiene la titularidad de las infraestructuras ferroviarias.
Ha destacado que Cataluña "será la comunidad autónoma con más inversión estatal en infraestructuras ferroviarias el próximo año, con más de 1.880 millones de euros". El vicepresidente territorial se ha mostrado dispuesto ha impulsar los traspasos de los restantes servicios ferroviarios de Cataluña, según prevé el Estatuto, así como del resto de competencias.
En este contexto, ha anunciado que en las próximas semanas se celebrará una Comisión Mixta para impulsar el traspaso de la Inspección de Trabajo, que está en una fase avanzada, así como las ponencias para iniciar los traspasos de servicios regionales ferroviarios y de otros pendientes.
Tanto el vicepresidente como Saura no han querido adelantar el calendario de negociación del traspaso de los servicios regionales, si bien han augurado que la experiencia alcanzada con las Cercanías les servirá para acelerar este proceso. En cuanto al modelo aeroportuario para El Prat, los dos han reconocido que todavía no hay acuerdo.
El vicepresidente se ha remitido a la próxima comparecencia del ministro de Fomento, José Blanco, en el Congreso, en la que informará sobre este modelo de gestión que "abarca a todo el Estado, contemplando la singularidad de El Prat". El consejero catalán ha reconocido la buena predisposición del ministro de Fomento en este asunto, por lo que confía en lograr el objetivo en las próximas semanas.
Según ha destacado, el de hoy es el traspaso "más importante" que se ha producido en Cataluña, tras recordar que se trata de una reivindicación histórica de hace 25 años. En su opinión, "no se trata de una transferencia burocrática" ya que afecta a más de 4 millones de ciudadanos, y lo ha remarcado "en un momento en que cierta gente duda de la vigencia del Estatuto".
Entre las próximas transferencias que la Generalitat podría asumir en los próximos meses, además de las ya mencionadas, ha citado la de becas, donde ha reconocido que hay discrepancias, o las bibliotecas provinciales. Ha apuntado que también se abrirán otras negociaciones sobre las reclamaciones económica-administrativas en los tributos cedidos en Cataluña y sobre la inspección y organización de las entidades de crédito.
Ambos han dudado de la "inminencia" en que será conocida la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto y el vicepresidente ha recordado muchas fechas inminentes en los últimos años, aunque ha admitido que le gustaría que se conozca lo antes posible.
Sobre este asunto, Saura, que ha coincidido con Chaves en la constitucionalidad del Estatuto, ha recordado que se trata de la ley que ha pasado "más filtros democráticos" de todas y ha recomendado que el Alto Tribunal no se convierta en una tercera Cámara para determinar la constitucionalidad de los modelos territoriales.