Las cementeras arremeten contra el Gobierno por su "poca credibilidad"
El consumo de cemento en España se ha desplomado un 32% en 2009. Y para 2010 se espera un nuevo retroceso de entre el 5% y el 10% sobre el ejercicio más flojo desde 1998. Las cementeras agrupadas en la patronal Oficemen reconocen que se están estrechando los márgenes y, en buena parte, culpan de ello a la política energética de Industria.
Las grandes cementeras con presencia en España han recrudecido el tono contra el Gobierno. "Si sufrimos demasiados excesos en el precio de la energía o en la permisividad de importaciones desde países que no cumplen Kioto nuestro riesgo evidente es el de la deslocalización. Terminaremos marchándonos a países en los que consigamos mayores márgenes", señaló ayer Jean Martin-Saint Léon, presidente de la patronal Oficemen y primer ejecutivo del gigante galo Lafarge en España.
A renglón seguido, Joaquín Estrada, presidente de Cemex España, matizó que el sector está haciendo todo el esfuerzo posible por mantener el empleo y no cerrar fábricas: "No sabemos cuánto podemos aguantar. El problema es que una fábrica que se cierra ya es muy difícil de recuperar", apuntó el directivo.
La enésima llamada de socorro al Ejecutivo, por parte de las cementeras, se produjo ayer en el marco de la presentación del balance de 2009 realizado por Oficemen. El consumo, según cálculos preliminares, va a caer un 32% en 2009. Eso quiere decir que se demandarán 29 millones de toneladas de cemento, mínimo marcado desde 1998.
Peticiones a Industria
Para 2010 se augura una bajada del 5% al 10%. Una situación que promueve tres grandes reivindicaciones de firmas como Cemex, Portland, Lafarge y Holcim a Industria: que se extremen los controles de calidad sobre el clínker (materia a partir de la que se obtiene el cemento) que entra en España; la activación de medidas para que las empresas tengan acceso a la energía a precios competitivos (supone el 33% de sus gastos) respecto al resto de Europa, y se permita un mayor grado de valorización de residuos en los hornos en sustitución de combustibles fósiles.
"Esperamos un incremento del 25% en la tarifa de acceso para enero, lo que hace que el suministro eléctrico nos haya subido un 85% en muy poco tiempo. No entendemos la política energética de este país", se dijo desde la mesa de directivos de Oficemen, "las multinacionales no harán nuevas inversiones mientras no vean un panorama claro y credibilidad en el Gobierno".
El colectivo de empresas recordó que la crisis del sector de la construcción ha motivado que las plantas funcionen a medio gas en España, parándose numerosos hornos a la espera de colocar el stock de cemento en el mercado. "El estrechamiento de márgenes es generalizado, especialmente en las empresas con actividad en la costa por su gran exposición a las importaciones de clínker", dijo Ángel Longarela, consejero delegado de Corporación Noroeste, del grupo Cimpor.
En su lista de agravios, Oficemen también ha sido crítica con el anteproyecto de ley de economía sostenible: "El texto habla de impulsar la diversificación de las fuentes de energía, pero el Gobierno tendría que haber incluido el uso de biomasa y de otros residuos no reciclables o reutilizables en cementeras".
Competencia abre expediente contra Cemex y Portland
La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha encontrado "indicios racionales de la existencia de conductas prohibidas por la Ley de Defensa de la Competencia" en la actividad de Cementos Portland, Cemex, Cetya, Vresa y Hormigones Beriain.La Dirección de Investigación anunció ayer que ha incoado un expediente sancionador contra esas firmas por posibles acuerdos para el reparto de mercado y fijación de precios.Fuentes empresariales indican que el territorio en que se habrían producido esas prácticas es Navarra, aunque la CNC abre el espectro a todo el territorio nacional. Las actividades afectadas -con una inspección en las empresas el pasado 22 de septiembre- son las de producción y suministro de hormigones, morteros y áridos.Ahora se ha abierto un plazo máximo de 18 meses para la instrucción del expediente y su resolución. Si son encontradas culpables, las empresas se enfrentan a sanciones de hasta un 10% de las ventas en las áreas investigadas.