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Tribuna
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¿Sostenibilidad o prestidigitación?

El pasado 27 de noviembre el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de Ley de Sostenibilidad Económica. Las posiciones sobre el mismo se han alineado en torno a dos polos opuestos. En un extremo están aquellos que consideran que estamos ante una nueva manifestación del liderazgo mundial del siglo XXI. Toda una conjunción del progresismo y la modernidad. En las antípodas se ubican aquellos que opinan que se trata del último truco o juego de manos de un consumado prestidigitador. Toda una combinación de demagogia y propaganda.

Huyendo de apriorismo, analicemos lo más relevante del contenido del anteproyecto. Empecemos por observar que ha visto la luz seis meses después del anuncio hecho por Zapatero en el Debate sobre el Estado de la Nación y tres meses después de que un informe previo de la vicepresidencia económica fuera estudiado en el Consejo de Ministros. Ciertamente, la agenda del Gobierno funciona a un ritmo más lento que el exigido por las apremiantes necesidades de nuestra economía.

El objetivo básico de la futura Ley, según reza el anteproyecto, es cambiar el modelo productivo español. Sorprende el plazo que se auto conceden los redactores para lograrlo ¡10 años! Definitivamente, en materia económica, este Gobierno es un motor diésel. Por otra parte, en el texto se encuentran numerosas cuestiones que han sido reiteradamente anunciadas y vendidas. Es inevitable deducir que han sido utilizadas para completar el escaso contenido del anteproyecto. Cabe citar los enésimos anuncios de aumentos de inversión en el transporte e infraestructuras públicos. Eso sí, sin concretar proyectos, plazos e importes.

También vuelve a anunciarse la vigésimo nona reforma de la Ley de Contratos del Estado -por cierto, recién reformada-. Al respecto sí existe alguna pequeña novedad que no es más que aparente. Así, se anuncia la reducción a 30 días del plazo para el pago de las Administraciones Públicas. El problema no son los plazos legales -en la actualidad ya existe el de 60 días-, sino la impunidad absoluta con la que éstos se incumplen, y sobre esto, nada resuelve el anteproyecto.

También se avanza la limitación a un 20% del posible aumento en los modificados contratos administrativos sobre el precio de adjudicación. La lógica apunta a que, con ello, las bajas que realizarán los licitadores en las ofertas serán menores, por lo que el efecto final será inocuo. Vuelve a prometerse ¡y van ya …! la futura agilización de los trámites administrativos para la constitución de empresas.

Con todo, de entre las múltiples reiteraciones del anteproyecto la más llamativa -por desafortunada e injusta- es el empecinamiento en eliminar la deducción en el IRPF por adquisición de vivienda habitual. Este Gobierno parece decididamente empeñado en pasar a la Historia como el que impidió que, por primera vez en nuestra democracia, millones de jóvenes no dispongan de incentivos fiscales al comprar su vivienda.

Pues bien, si la fortuna no acompaña al anteproyecto en sus reiteraciones, tampoco lo hace cuando introduce algunas -bien que escasas- novedades. Veamos dos ejemplos.

Una de las desafortunadas novedades consiste en pretender que, en aras de la transparencia, deban hacerse públicas determinadas retribuciones de los altos directivos empresariales. Obviando consideraciones relativas a la privacidad o al funcionamiento de la competencia, la medida resulta escandalosamente irresponsable en términos de seguridad. Hace años, los responsables de Hacienda del Gobierno de Felipe González empezaron a publicar la relación de los mayores contribuyentes españoles. Tuvieron que dejar de hacerlo cuando el empresario valenciano Luis Suñer fue secuestrado por ETA.

La segunda es el futuro control de la temperatura en los establecimientos públicos, obligando a que todos los locales con puerta a la calle instalen sistemas electrónicos de apertura y cierre automáticos. ¿Creen los brillantes redactores del anteproyecto y el Gobierno que los cientos de miles de pequeños comercios y bares españoles están en condiciones de cumplir dicha obligación? ¿Esperan que se cumpla? ¡A otro lobo con estos faroles!

Ignacio Ruiz-Jarabo Colomer. Ex presidente de Sepi y Presidente de Consulting Empresarial

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