"La intervención política en las cajas de ahorros debe ser mínima"
Marcelino Iglesias defendió que la gestión y estrategia de las cajas de ahorro debe determinarse a partir de criterios profesionales y sin interferencias del sector público. "La intervención política en las cajas debe ser mínima", aseguró ayer en el Foro CincoDías .
En coherencia con esas palabras, el presidente de Aragón no entró a valorar el cese del ex director general de Caja Inmaculada (CAI), Tomás García, que fue destituido el lunes durante una reunión extraordinaria con el voto favorable de 14 de los 16 consejeros de la entidad. Aun así, Iglesias, ante la voluntad del consejo de administración de CAI de fusionarse con Caja Rioja y Caja de Canarias, argumentó que "ganar dimensión y tamaño es fundamental para ser más eficaz y competitivo" en el futuro. "No soy contrario a esas fusiones", sentenció.
Iglesias reiteró que desde que alcanzó la Presidencia en 1999 siempre ha optado, "tanto si las cosas han ido bien como si han habido dificultades", por intervenir lo mínimo. Ello no significa que el Gobierno carezca de información sobre los movimientos del sector: "Sabemos las decisiones que toman las cajas aragonesas o las orientaciones que pretenden adoptar. Y las respetamos".
En cualquier caso, el Gobierno espera que la fusión de CAI con Caja Rioja y Caja de Canarias se salde con pocos o ningún despido. La salida del director general de CAI supone un guiño a los sindicatos, que habían pedido con insistencia su destitución y que rechazaron la semana pasada la bautizada como "fusión virtual o fría".
Con este nombre se conoce el llamado Sistema Institucional de Protección (SIP), cuyo desarrollo supondría la fusión de las tres entidades manteniendo la independencia de sus órganos directivos y salvaguardando cada una su marca. La fusión virtual implica crear una sociedad conjunta para compartir riesgos y capital. Con ello, la entidad aragonesa defiende que se mejoraría la "solvencia y liquidez" de CAI sin por ello renunciar a "las ventajas competitivas inherentes a su ligazón social y arraigo territorial".
Por otra parte, Iglesias explicó que los directivos de Ibercaja optaron por rechazar la absorción de Caja Castilla La Mancha, entidad intervenida por el Banco de España, ante el "riesgo excesivo" que entrañaba la operación. Y si bien reconoció las dificultades por las que atraviesa el sector, el presidente de Aragón destacó que la mayor regulación en España ha permitido que la banca resista mejor la crisis que en otros países como EE UU.
General Motors. Confianza en el futuro de la planta de Opel
"La factoría Opel representa el corazón industrial de nuestra comunidad". Con estas palabras se refirió el presidente de Aragón a la planta automovilística de Figueruelas, donde sus 7.000 trabajadores negocian con la empresa General Motors un recorte de costes y se enfrentan a posibles despidos. "Ya demostramos nuestra capacidad de negociar", señaló un optimista Marcelino Iglesias. El ejecutivo está dispuesto a ofrecer un aval de 200 millones de euros para asegurarse la construcción del nuevo Meriva. Según Iglesias, las acuerdos que se cierren con General Motors no pueden ser peores que los ya alcanzados en verano con Magna, la compañía que debía comprar Opel a General Motors, que a última hora decidió no vender. El acuerdo con Magna contemplaba el despido de 900 empleados, la mitad de los inicialmente previstos. Entre trabajadores propios y auxiliares, de la factoría de Opel dependen 15.000 familias".
Santander. El banco concede un 47% más de nuevos créditos
El director general del Banco de Santander y responsable de la división de Banca Comercial en España, Enrique García Candelas, recurrió a los datos para demostrar el compromiso de la entidad financiera con Aragón. "En un año hemos formalizado un 47,2% más de operaciones de crédito y préstamos nuevos a empresas aragonesas", explicó Candelas, que destacó que lo peor de la crisis ya ha pasado y señaló a las empresas como "el motor de la recuperación". Ante la falta de liquidez que denuncian muchas compañías, Candelas apuntó que Santander es la entidad más activa en la concesión de líneas ICO, superando el 20% del total y beneficiando a 26.000 empresas y autónomos.