Las regiones deben arrimar el hombro
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, solicitó ayer la colaboración de los presidentes de las diecisiete comunidades autónomas para salir de la crisis y crear empleo. A tal fin, presentó en la Conferencia de Presidentes la propuesta de establecer grupos de trabajo que debatiesen medidas con el triple objetivo de generar empleo; controlar el déficit público; y establecer una estrategia industrial hasta 2020.
Desgraciadamente, las regiones gobernadas por el PP declinaron el ofrecimiento, una decisión irresponsable y que pone de manifiesto la degradación política en la que está instalada la relación entre los dos grandes partidos. Zapatero acusó a los representantes del PP de deslealtad, por considerar que la reunión era para buscar soluciones a la dura crisis que azota a los españoles.
Sin embargo, la falta de altura de miras de los populares no exime de culpa al Gobierno, cuya oferta adolecía de un defecto de forma, al ser presentada por sorpresa; lo que justificada, en parte, la queja de los gobiernos del PP. Cabe pensar que la premura del Gobierno denota improvisación. Además, el documento debería haberse entregado a los ejecutivos regionales hace tiempo, y haber buscando los consensos a los que ayer estaba dispuesto, hace ya más de un año, que tal tiempo hace que la economía camina a la deriva destruyendo las expectativas de cientos de miles de ciudadanos. De haber sido así, la Conferencia de Presidentes de ayer estaría avalada por reuniones técnicas preparatorias, lo que habría restado excusas a cualquier gobierno regional para negarse a firmar un pacto en el que el Gobierno aceptaba el 80% de las propuestas populares.
Porque lo cierto es que los ejecutivos regionales deben involucrarse en cualquier medida de calado. Las transferencias autonómicas hacen imprescindible su participación si se pretende abordar con garantías cualquier reforma estructural, y los tres puntos presentados por el Gobierno son un claro ejemplo. Las políticas activas de empleo -que agrupan la formación de los trabajadores o los servicios públicos de contratación- son un pilar básico para recolocar a trabajadores de sectores como la construcción, cuya empleabilidad se antoja casi imposible a medio plazo.
El déficit público es otro problema irresoluble sin la colaboración regional, pues junto con los municipios generan la mitad del gasto público. La vuelta a la disciplina fiscal, sólo alcanzable con el sacrificio de todas las administraciones, es irrenunciable. Como es necesario el apoyo de los gobiernos regionales para establecer un entorno favorable a la industria. Hay muchas trabas burocráticas que derribar y ayudas públicas que coordinar, evitando duplicidades que generan ineficacia y despilfarro. La triste conclusión es que las reformas van retrasadas, cuando España está quedándose rezagada en la salida de la crisis.
