Apertura energética
Con ocasión del trámite parlamentario de la ley conocida como ómnibus, la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), ejerciendo la labor consultiva que en este caso le corresponde, ha arremetido en su informe contra la política energética del Gobierno y el proceso de liberalización que ha llevado a cabo en los últimos meses.
La CNC ha tildado de tímidas las propuestas incluidas en la citada ley para el sector de la energía y ha propuesto modificaciones más ambiciosas en relación con la poco congruente política de ayudas del Gobierno, que prima por un lado energías limpias pero caras, como la solar fotovoltaica y, por otro lado, subsidia el carbón autóctono, más contaminante y menos eficiente que el importado. En su informe, la CNC aborda además otros textos legislativos no incluidos en la ley, como el que deroga las tarifas reguladas de electricidad y crea la tarifa de último recurso (TUR) para los consumidores finales.
No le falta razón a la CNC en su crítica a Industria. La verdadera competencia significa que los diferentes suministradores compiten sin trabas, pero también sin privilegios, dejando actuar a las fuerzas del mercado. Por eso, si la intención es favorecer al consumidor final fomentando la aparición de una amplia gama de ofertas que compitan en precio y en calidad del servicio, flaco favor le hace el Gobierno si por un lado encarece artificialmente con subsidios y primas el coste de producción de la energía y, por otro lado, fija con criterios estrictamente políticos un precio tope como la TUR, que elimina de un plumazo la posibilidad de competir en una inmensa porción del mercado, como es el segmento doméstico.
Pero no en todo acierta la CNC en su informe. Su preocupación por los elevados costes del cambio de suministrador para el consumidor es injustificada. Cambiar de compañía eléctrica en España es sumamente fácil y apenas presenta inconvenientes para los usuarios, máxime si lo comparamos con otros sectores como el de telecomunicaciones, donde el cambio siempre implica corte del servicio y, además, son práctica habitual los contratos con cláusula de permanencia.
Cuestión diferente es que el rango de precios en el que se pueden mover los comercializadores sea suficientemente amplio como para que aparezcan en el mercado ofertas atractivas para cambiar. Con lo que volvemos a la necesidad de una política energética coherente y una liberalización de precios finales verdaderamente eficaz. Si no se abordan estas cuestiones cruciales, cualquier intento de reforma del sector se queda manifiestamente corto en su ambición liberalizadora.
Antonio España. Principal de la consultora Arthur D. Little, experto en energía