La importancia del rigor financiero
El anuncio de Standard & Poor's de poner en cuarentena la calificación atribuida a las finanzas del Reino de España ha reabierto el debate acerca de la calidad de las emisiones de bonos españoles y de su sostenibilidad en el largo plazo. Además, la coincidencia con la revisión de la nota concedida a Grecia y Portugal ha condicionado la discusión, puesto que, aunque se trata de países todos ellos de la zona euro, tienen economías bien diferentes y capacidad de generación de recursos y de sostener sus compromisos futuros también diferentes. En todo caso, el asunto sacado a la palestra por la agencia de calificación es la mejor excusa para recordar, a quien lo sabe y a quien lo desconoce, cuán importante es el rigor financiero estatal para mantener el flujo de inversión exterior, especialmente necesaria en un país con escaso nivel de ahorro y creciente necesidad de financiación ajena.
Evidentemente, Grecia y España no están en la misma latitud financiera. El Estado heleno emite deuda con un diferencial sobre la economía de referencia, la alemana, de más de 200 puntos básicos, mientras que la prima de riesgo de España medida con el mismo criterio no supera los 70 puntos básicos. Además, España tiene una deuda pública sobre PIB emitida que superará ligeramente el 60% cuando termine 2010, mientras Grecia cuantifica el doble, y admite un déficit fiscal de más del 12% este año y el que viene. Y por si hubiera pocas diferencias, Grecia ha perdido toda credibilidad económica, financiera y estadística, con sucesivos engaños a las autoridades comunitarias, mientras que España ha cumplido a rajatabla siempre sus obligaciones con los socios que amparan su misma divisa.
Con todo, no obstante, el Gobierno de España tiene que hacer un esfuerzo intelectual para calibrar la importancia capital que tiene la máxima calificación crediticia, y un esfuerzo político y financiero para retener el rating de sobresaliente que desde 2000 tiene España con todas las agencias de calificación. Ayer el primer banquero del país, Emilio Botín, recordó explícitamente la necesidad de "hacer un esfuerzo conjunto del sector público y privado para mantener el rating de España". En definitiva: hay que tomarse en serio este asunto, con políticas expresamente pensadas para ello, porque el coste de retroceder sería incalculable para la economía española. Desde Fráncfort, el consejero español del Banco Central Europeo, José Manuel González Páramo, recordó igualmente que la argumentación de Standard & Poor's está fundamentada en la evolución de las cuentas públicas de España y sus previsiones de crecimiento y empleo para los próximos años, que no son precisamente las más optimistas del mundo.
La calificación que las agencias otorguen a las emisiones del Reino de España condicionan la marcha de la economía, tanto la pública como la privada. Si los mercados tienen alguna duda, por remota que sea, de que España puede tener dificultades para el pago de sus compromisos por la fuerte acumulación de deuda, cobrarán un sobreprecio que engordará el capítulo de coste financiero del Estado. Pero tal sobrecoste se traslada también a la financiación privada de empresas y bancos, lo que encarece el crédito tomado por hogares y pymes, con la consiguiente pérdida de posibilidades de crecimiento y creación de empleo. Además, mantener una abultada deuda pública exige tipos más elevados para financiarla y merma los recursos que están dispuestos al riesgo en la actividad privada.
Por ello, si Zapatero ha dado algunos pasos para recomponer la situación financiera del país con pequeños retoques alcistas a los impuestos, debería intensificarlos en el siguiente presupuesto. Un recorte serio del gasto público no productivo sería una señal convincente para los mercados que tienen que prestar el dinero al Tesoro de España. Pero debe ir acompañado de todos aquellos elementos, fundamentalmente reformas de los mercados de bienes, servicios y factores, que restablezcan un crecimiento sostenido para generar empleo, que es la mejor manera de recomponer las finanzas públicas. Ese compromiso del sector público y privado del que habla Emilio Botín supone esfuerzo colectivo de todos los agentes económicos para hacer que la suma de sacrificios devuelva la economía a las condiciones que faciliten su crecimiento.