Proyecto de real decreto

Competencia publica un informe demoledor que cuestiona las ayudas al carbón

La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha pedido a Industria que "reconsidere" las medidas para incentivar la producción eléctrica con carbón nacional, pues distorsionarán el mercado, tendrán un sobrecoste de 1.200 millones, serán lesivas para el bienestar general y pueden suponer una ayuda de Estado.

Competencia publica un informe demoledor que cuestiona las ayudas al carbón
Competencia publica un informe demoledor que cuestiona las ayudas al carbón

Industria tiene ya encima de la mesa el informe que había solicitado a la CNC sobre el proyecto de real decreto que obligará a las eléctricas a producir con carbón nacional a un precio regulado para compensar el hundimiento de dicha generación como consecuencia de la caída de la demanda de energía. El ministerio había remitido el proyecto para su informe (algo que es preceptivo) a la Comisión de la Energía y también, algo que no es habitual y no figuraba en el texto, a la CNC. Y si el primero era duro, el segundo ha resultado demoledor, lo que compromete la decisión final del Gobierno, pese a que ninguno de ellos sea vinculante.

El organismo que presiden Luis Berenguer es contundente en sus conclusiones: la fijación de un mecanismo de mercado, que gestionará REE, llamado de restricciones de garantía del suministro, "no sólo altera el precio del MWh producido (pues remunera tanto la producción con carbón como el lucro cesante de las energías que deben darle paso por falta de demanda), "sino que distorsiona el proceso de formación de precios el pool eléctrico que ya no se determina por criterios de mercado". Además de discriminar a las empresas que quieran instalar nueva capacidad en España, que pierden incentivos para invertir.

La CNC considera también que se perjudica a los consumidores, pues atisba "subvenciones cruzadas entre generación y comercialización de electricidad por los agentes verticalmente integrados y comportamientos abusivos" en los mercados". En definitiva, un encarecimiento de los precios, que Competencia calcula en 1.200 millones, en el caso de que se genere el máximo de energía previsto en el decreto ley, que supera los 45 euros MW. Corregidos los errores de la fórmula del cálculo que detectó la CNE, el sobrecoste se situaría entre 700 y 800 millones, según la CNC. Ello supondría un incremento de costes del 9% en la electricidad vendida este año.

El informe conocido ayer considera injustificable y desproporcionada una medida en la que, de entrada, confunde el carbón autóctono (que, según la normativa europea, incluiría todo el mineral comunitario) y el carbón nacional. Competencia no cree que la caída de la demanda ponga en peligro el parque de generación con carbón ("el sector no ha declarado sus intenciones de desmantelar estos activos", señala) ni que este combustible ("muy ineficiente en la producción eléctrica") sea el único que pueda garantizar el suministro, pues hay otras tecnologías, como el gas. En su opinión, resulta más congruente con este objetivo asegurar un stock de carbón, sin obligar o incentivar el consumo, cuando hay otras fuentes más rentables. En este sentido, recuerda que el propio Plan del Carbón apunta al mantenimiento de una producción mínima.

Distorsión

Luis Berenguer adelantó la semana pasada en su comparecencia parlamentaria anual que el proyecto de real decreto de ayudas al carbón distorsiona gravemente el funcionamiento de los mercados energéticos.

"Una posible ayuda de Estado que es necesario notificar"

Al margen de las lesiones que las medidas sobre el carbón pueden ocasionar al mercado, Competencia no descarta que éstas puedan ser calificadas "como ayudas de Estado" conforme al Tratado de la Unión. En este sentido, considera necesario que España las notifique a la Comisión Europea "de cara a una eventual autorización (..), en tanto que ayuda compatible".

La CNC cree que la medida no parece encajar "en ningún régimen de ayudas ya notificado y autorizado por la CE, concretamente, en el Plan Nacional de Ayudas al Carbón 2006-2012", y, de estarlo, ve necesario que la comunique a Bruselas.

Aunque la financiación de estas medidas no se haría con fondos públicos (serán asumidas por los consumidores vía tarifa) existen precedentes que apuntan a que podría considerarse ayuda de Estado al amparo de artículo 87.1 del Tratado.