El Gobierno busca sumar a ERC al pacto sobre la Ley de Economía Sostenible
El abanico tan amplio de posibles contrapartidas que ofrece la futura Ley de Economía Sostenible ha facilitado al Gobierno un acercamiento a Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), formación que ayer retiró su veto a los Presupuestos de 2010 en el Senado.
Los republicanos se han vuelto expertos en pasar el platillo a última hora. En el Congreso, les sirvió hace quince días para arañar 15 millones de euros a los Presupuestos del año que viene. Ayer, en el Senado, retiraron su veto al proyecto de ley a cambio de contrapartidas que suman casi 20 millones, la mayoría de ellos destinados a inversiones en Cataluña. Iniciativa siguió sus pasos, actitud que sirvió al Gobierno para derribar los vetos defendidos por el PP y CiU.
Según fuentes parlamentarias, en la retirada de estos vetos se esconde la voluntad de ERC de participar de lleno en las negociaciones con el Gobierno relacionadas con la futura Ley de Economía Sostenible, un proyecto que incluye iniciativas de todo tipo, desde las que encauzan la composición de los organismos reguladores hasta las relacionadas con la vivienda o la denominada fiscalidad verde. Iniciativa por Cataluña (ICV) tampoco quiso quedarse al margen de esta negociación y en señal de buena disposición retiró también ayer su veto al Presupuesto.
Gracias al fracaso de los vetos defendidos por el PP y por CiU, el Gobierno podrá sacar adelante en el Senado una veintena de enmiendas, la mayoría de ellas técnicas, que mejoran aspectos legales de la nueva financiación autonómica, conceden un año más a los ayuntamientos para que devuelvan al Estado los anticipos a cuenta y elevan al 19% el tipo de gravamen aplicable a las sociedades cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (socimi). Esta medida deriva del cambio introducido a partir de enero en la tributación de las rentas del capital obtenidas por las personas físicas.
Compensar al BNG
En el reparto de premios presupuestarios también encontró ayer un hueco el Bloque Nacionalista Gallego (BNG), pues su voto en contra de los vetos presentados por populares y nacionalistas catalanes obtuvo como compensación nuevas inversiones para Galicia por importe de siete millones de euros.
Además, el BNG conseguirá introducir una enmienda que regulará el papel de los ayuntamientos en la elaboración de los parámetros que se utilizan para cobrar en algunos casos el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. El proyecto de ley será debatido la semana que viene en el pleno de la Cámara Alta donde, de mantenerse las posiciones actuales de cada grupo, no tendrán ninguna oportunidad de prosperar los vetos defendidos por el PP y CiU. La lectura que se hace en el PSOE es clara: el principal partido de la oposición se queda sin la medalla del veto y tampoco logra que prospere el millar largo de enmiendas parciales que ha presentado al Presupuesto.
El PP y CiU, en la misma compañía
Con este reparto de premios de última hora, gracias a los cuales el Gobierno ha evitado que los Presupuestos sean vetados en el Senado, el PP se ha quedado con la única compañía de CiU a la hora de rechazar las cuentas públicas de 2010. El PP ha defendido en la Cámara Alta los mismos argumentos que utilizó en el Congreso: considera que la subida de impuestos que incorporan creará más paro y que la renuncia del Gobierno a abordar un severo recorte del gasto público agravará la crisis y retrasará la salida de la misma.CiU también ha mostrado un abierto rechazo a la subida de impuestos y ha exigido sin éxito una rebaja de las cotizaciones sociales para las empresas que creen empleo, además de nuevas ventajas para los trabajadores autónomos.Los nacionalistas catalanes hubieran querido verse acompañados en este rechazo a los Presupuestos por el PNV, pero esta vez no ha sido posible debido al acuerdo que este último partido cerró con el Gobierno durante el trámite del proyecto de ley en el Congreso.