Bruselas obvia a Haidar
En las últimas semanas, la UE se ha pronunciado, entre otros muchos asuntos, sobre la expulsión de diplomáticos en Fiyi, las relaciones entre Colombia y Venezuela o el derecho de paso de navíos por el Ártico. Pero no ha encontrado el momento para comentar la llegada a territorio Schengen de una ciudadana expulsada de su propio país sin procedimiento judicial, ni para reprochar a un país de la UE, España, su complicidad en la aparente violación del artículo 12.4 del Pacto Internacional sobre derechos civiles y políticos, ratificado por Marruecos en 1974.
Bruselas justifica su silencio con el hecho de que la Unión Europea no tenga una posición común sobre el conflicto del Sahara. Y como prefiere enmarcar en ese ámbito la "condena" al ostracismo que sufre Aminetu Haidar, cede toda la responsabilidad a Naciones Unidas y a los dos países directamente implicados. Tampoco debe ser ajeno el interés de Francia, principal inversor en el país, ni el de España, partidaria de una relación apacible con el vecino del sur.
Pero el repentino mutismo de las instituciones comunitarias puede resultar insostenible porque Marruecos no es un país tercero cualquiera. Es el principal receptor de fondos europeos fuera de la UE; goza del llamado Estatuto Avanzado, un título que coloca al país magrebí en una privilegiada relación con la Unión Europea que no disfruta ningún otro Estado; y el año que viene debería celebrarse, bajo presidencia española, la primera cumbre bilateral al más alto nivel, un trato "personalizado" que Bruselas sólo dispensa a países como EE UU, China, Rusia, India, Japón o Brasil.
Por eso, Bruselas no podrá obviar el caso Haidar por mucho que se esfuerce. La semana que viene el Parlamento Europeo ya debatirá la situación de la huelguista de hambre. Y el eurodiputado de Los Verdes, Raúl Romeva, incluso cree que la cumbre prevista con Rabat debería suspenderse si el Gobierno marroquí impide abordar temas como la situación en Sahara Occidental.
Romeva insiste en que el objetivo del Parlamento "no es poner en cuestión el Acuerdo de Asociación con Marruecos". Y la opinión generalizada en Bruselas es que la UE debe evitar, en la medida de lo posible, un deterioro de la relación con Marruecos, país clave en la gestión de los flujos migratorios y en el combate del tráfico ilegal de drogas. Pero esa relación, recuerda Romeva, "no debe hacerse a costa de sacrificar los derechos humanos".