Compañías para cambiar el modelo productivo
La Ley de Economía Sostenible pretende que la innovación sea una clave de la reforma. Energías renovables, biotecnología o el tren de alta velocidad serán puntos de partida.
Es un paso adecuado, pero insuficiente". æpermil;sta podría ser una conclusión concisa del aluvión de críticas y análisis que han seguido a la aprobación por el Gobierno del proyecto de Ley de Economía Sostenible, con el que el Ejecutivo pretende cambiar el modelo productivo de España con un horizonte de diez años. Este marco legal ha despertado más interés que otras medidas y planes anteriores, pero también reticencias entre economistas, catedráticos y representantes empresariales, aunque las críticas más rotundas han llegado desde la clase política. Con diferencias y matices, se piden más reformas estructurales y que se cree un clima que propicie la inversión empresarial.
Sobre esta idea gira la opinión de Rafael Pampillón, del Instituto de Empresa (IE). Estima que lo más importante es establecer un ambiente sin incertidumbres y enfrentamientos, en el que empresarios españoles y extranjeros se animen a invertir. No obstante, afirma que el Ejecutivo, por primera vez, hace una apuesta por una oferta productiva, no del "gasto por del gasto". "El foco ahora está mejor centrado, pero el proceso va a ser muy largo y, además, el modelo no se puede modificar por ley", concluye.
Con independencia de que todos asumen que el papel protagonista debe recaer en los empresarios, ¿cuáles son los sectores por los que esta ley está apostando, de una forma más o menos explícita, como motores del cambio? Para Sara Baliña, de Asesores Financieros Internacionales (AFI), un objetivo que se persigue es la potenciación de sectores con mayores niveles de productividad y competitividad, y menos vulnerables a los cambios de ciclo.
Por ello, destaca que hay una focalización hacia la innovación y la tecnología, aunque éstos sean conceptos muy amplios. En cuanto a aspectos más específicos, estima que los sectores empresariales que descuellan por las líneas ya anunciadas son los relacionados con las energías renovables (Iberdrola Renovables, Acciona, Gamesa, Abengoa o Solaria, entre las grandes), la eficiencia energética (en construcción, Sacyr, ACS y FCC), las telecomunicaciones (Telefónica y Jazztel) y en el transporte menos contaminante (CAF).
Javier Rovira, profesor de ESIC, está entre los expertos que aseguran que la complejidad de la ley, que precisará de un minucioso desarrollo normativo, dificulta hacer ahora un diagnóstico preciso de sus posibles efectos. Añade, no obstante, que la meta perseguida es que la composición del PIB futuro sea muy diferente de la actual, por lo que prevé que se promueva y apoye las inversiones en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).
Para Rovira, éste es el único camino posible para superar, aunque sea a medio y largo plazo, los graves problemas que afectan a España. "Las naciones que a lo largo de la historia han vivido mejor y han sabido desafiar las crisis con más eficacia son las que han desarrollado más el conocimiento", manifiesta. Agrega que esta relación -capacidad para afrontar los problemas económicos y desarrollo tecnológico- se puede comprobar en la actual situación de países como Finlandia o Singapur.
A juicio del profesor del ESIC, las compañías que más pueden beneficiarse de las políticas que se pondrán en marcha con la ley, además de las relacionadas con la eficiencia energética y las energías alternativas, serán casi todas vinculadas con las ingenierías (Técnicas Reunidas, Amper, Duro Felguera o Indra). También cita las actividades conectadas con los trenes de alta velocidad (Alstom), los materiales avanzados (Hexcel, que fabrica fibra de carbono en Illescas, Toledo), los cultivos hidrópicos o la reforestación.
Medidas urgentes
Eugenio Recio, profesor honorario de Esade, aunque echa de menos medidas más cortoplacistas que combatan el paro, indica que la nueva normativa parece enfocada a crear un marco que favorezca la estabilidad y el cambio de modelo. Concluye que no percibe que la ley sea demasiado dirigista y que tiende a dejar que sea el empresario quien decida.
Pero, ¿qué otro tipo de empresas quedarán de alguna forma incluidas en la ley o en su futuro desarrollo? Además de las alusiones a la maximización del peso de las renovables en la generación, a la fijación de la vida útil de las nucleares en 40 años o al uso racional del consumo energético, se han lanzado otros mensajes. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se refirió el miércoles 2 de diciembre en el Congreso a la elaboración de planes de modernización, que afectarán, por ejemplo, al sector agroalimentario o al sanitario.
También habló de un programa de sostenibilidad de las costas y playas, que podría beneficiar al turístico (NH Hoteles y Sol Meliá, entre las cotizadas), y de un plan de competitividad industrial 2020, que incluiría a áreas como la de biotecnología (Zeltia) o la aeroespacial (EADS).
En este contexto, el profesor de Esade recuerda que algunas de estas propuestas están en línea con actuaciones que ya desarrolla el Ministerio de Industria. Es el caso del decidido apoyo al vehículo eléctrico (en España cuenta con posibilidades la factoría de Renault en Valladolid). Añade que corresponden, además, a las exigencias del entorno internacional, objeto de debate en la Cumbre de Copenhague contra el cambio climático.
Pero no se trata únicamente de apostar por los considerados sectores punta. æpermil;sta es la opinión de Xavier Segura, director del Servicio de Estudios de Caixa Catalunya. Considera que caminar hacia una producción de mayor valor añadido es el tema clave, que es compatible con sectores con el apoyo al textil, aunque esté en recesión, la construcción o el turismo. La cuestión es reenfocar la actividad y mejorar su perfil tecnológico y, al tiempo, el del país. Manifiesta que casi un tercio de la producción manufacturera española es de bajo contenido tecnológico, otro tercio es de medio contenido y el tercio restante de alto, mientras que en fotos de las mismas características Alemania o Francia salen mucho mejor paradas. La reconducción hacia niveles similares a los de los líderes europeos, aunque sea lenta, la ve posible.
Adaptación
Con todo, la capacidad de reacción de algunas empresas y sectores para adaptarse a la demanda y a las circunstancias se percibe día a día y corre en paralelo a las decisiones oficiales.
Compañías como FCC han creado filiales para la construcción energética eficiente, y desde Aguirre Newman se indica que la rehabilitación será una alternativa en un área como la inmobiliaria en la que la inversión en España ha caído más de un 41% interanual. Y en donde, según sus datos, hay 5,6 millones de viviendas obsoletas y 3,1 millones de oficinas no cumplen con los requisitos de calidad.
No se parte de cero
Pese a que nadie niega la necesidad de la reforma, tampoco se obvia que existe una fuerte base de partida. España cuenta con empresas competitivas internacionalmente, como son los dos grandes bancos -Santander y BBVA-, con multinacionales de telecomunicaciones o energéticas -Telefónica, Iberdrola, Endesa, Gas Natural o Repsol- y empresas de servicios y concesionarias líderes como Ferrovial o Abertis.
Reformas, deducciones y otras herramientas
Todos los objetivos anunciados y los que se irán desgranando en las próximas semanas y meses pueden estar abocados al fracaso si no van acompañados de medidas fiscales, presupuestarias, así como otras reformas legales. El Gobierno ha anunciado que se elevará del 8% al 12% la deducción en el impuesto de sociedades por actividades de innovación, al tiempo que se fija el límite máximo del 50% al 60%.También se amplía indefinidamente la deducción medioambiental del impuesto de sociedades del 4% al 8% para las inversiones que eviten la contaminación acústica. Hay, asimismo, otros planes fiscales orientados al ahorro energético, al impulso de la rehabilitación de inmuebles o al alquiler de viviendas.En el tema de la simplificación administrativa, la referida a la creación de empresas es una de las más destacadas. Las sociedades podrán constituirse en un plazo de unos días, mientras que se suprime para ellas el impuesto de transmisiones patrimoniales.Además de estas medidas fiscales, el Ejecutivo plantea una reforma en el sistema de contratación pública. Un aspecto que se valora es que el porcentaje de subcontratación pase del 30% al 50%, con el objetivo de dar más peso a las pymes. Es un aspecto citado por Eugenio Recio, de Esade, que añade que podría servir para impulsar la creación de pequeñas empresas con un mayor perfil tecnológico. En esta línea, Jesús Bárcenas, presidente de Cepyme, ha afirmado que presionará para que las medidas se pongan en marcha de forma rápida, ya que de lo contrario la mayoría de estas empresas pueden desaparecer.No obstante, en lo que los expertos ponen más énfasis, aunque los efectos se perciban después de varios años, es en la reforma y mejora del sistema educativo. Las estadísticas sobre productividad y competitividad (véase gráfico) no son positivas para España, pero es en la educación en donde sale peor parada, como se demuestra por los datos del Informe Pisa. Xavier Segura, de Caixa Catalunya, se refiere igualmente a la necesidad de mejorar la formación profesional y de promover las relaciones entre el mundo empresarial y las universidades. Y para él es un ejemplo más de cómo este tipo de planes gubernamentales no pueden funcionar si no cuentan con el apoyo de la sociedad.Y ¿con qué presupuesto se cuenta? De momento el pasado viernes se ha aprobado un fondo de 20.000 millones de euros del ICO, del que el Ejecutivo asumirá el 50% del coste. Se repartirán a partir de 2010.