A fondo

Legislar internet requiere más diálogo

Pocas veces se ha visto que un ministro (en este caso la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde) haya tenido que reaccionar en pocas horas y convocar una reunión urgente con destacados internautas para responder a una rápida movilización que se estaba gestando en la red en protesta por una medida tomada por su gabinete. Y mucho menos se ha visto que el mismísimo presidente del Gobierno tenga que salir al paso apenas cinco horas después de dicho encuentro para tratar de calmar los ánimos encendidos de blogueros, emprendedores de internet y creadores de contenidos digitales. El jueves pasó exactamente eso y mucho más, porque entremedias hubo declaraciones de otros ministros (como el de Justicia) que desautorizaba a una colega de su propio gabinete.

La culpa de que se llegase a esta controvertida situación está en el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible del Gobierno Zapatero, donde se ha incluido por sorpresa una polémica disposición que dota a un órgano administrativo -la Comisión de Propiedad Intelectual- de la capacidad de bloquear y cerrar páginas web que vulneren los derechos de autor.

Los internautas han criticado duramente que dicha disposición "se colara de rondón" porque no aparecía en el texto del anteproyecto de ley cuando éste pasó por el Consejo de Ministros y algunos acusan directamente a un alto ejecutivo de la Coalición de Creadores de haber convencido a la ministra de economía Elena Salgado, conocida de esta persona, para introducirlo. De ser cierto, esto es reprobable. Pero la polémica no se queda ahí. Es más, tiene muchas aristas.

La primera que una comisión dependiente del Ministerio de Cultura, y cuya composición aún se desconoce, pueda decidir, sin autorización judicial, qué webs se pueden cerrar. Un hecho que ha desatado temores de censura entre la comunidad internauta, pese a que el Gobierno insiste que esta no es la finalidad de la ley y que, lejos de lo que ha pasado en Francia y otros países, no se va a criminalizar al internauta. "Defendemos que tiene que haber tutela judicial, pero también que hay que luchar contra las web que se lucran vulnerando derechos ajenos", defendió el viernes David Cierco, director general para el Desarrollo de la Sociedad de la Información del Ministerio de Industria, en un acto organizado por El País.

Otra controversia que se abre es la que planteó en este encuentro la abogada Paloma Llaneza, y es la referida a cómo se obtiene la información para identificar a los infractores. La propuesta de Cultura establece que los operadores de telecomunicaciones están obligados a facilitar a la citada Comisión los datos de que dispongan sobre dichos infractores sin orden judicial, "lo cual puede contribuir a que nos carguemos el secreto de las comunicaciones", advierte esta experta. Desde el Gobierno se asegura que internet "va a tener las mismas garantías" que el mundo físico. Y no es cuestión de negar ahora, tras las últimas matizaciones por parte de distintos miembros del Ejecutivo, que esa sea la intención última, pero entonces queda claro que hace falta cambiar la redacción del texto de la disposición, que no ha sido nada acertada. Como dijo el viernes en el acto de El País el director de cine Álex de la Iglesia la clave está en "el ánimo de lucro", pero la ley curiosamente no hace ese matiz en ningún lado, y debería hacerla.

También hubiera sido recomendable, según muchos expertos, legislar esta cuestión a través de una ley orgánica específica y no incluirlo en una ley como la de Economía Sostenible que, en palabras de Llaneza, se ha convertido en "un bazar chino".

Dicho todo esto, resulta igualmente claro que no hay que tener miedo a legislar este asunto, y perseguir a los P2P que vulneren la ley y que están acarreando serios problemas a toda la industria de los contenidos, que por otro lado debe asumir que está sufriendo su propia reconversión. También hay que tener claro que cualquier intento de solución que se limite a medidas coercitivas no solucionará la situación. Sería bueno, como dijo la vicepresidenta Teresa Fernández de la Vega, que la cuestión no se enfoque como un enfrentamiento entre dos sectores. El anteproyecto tiene todavía un largo camino por recorrer y hace falta diálogo entre todas las partes implicadas. Y no sólo de la ley, sino también de su desarrollo reglamentario posterior, para evitar sorpresas y nuevas disputas.