Los municipios deberán incluir en un registro público todas las facturas
El Gobierno obligará a los municipios a incluir en un registro "todas las facturas" que emiten sus contratistas y será el interventor municipal, funcionario de carrera y de perfil técnico, quien velará para que los ayuntamientos certifiquen explícitamente la existencia de esas deudas. Ello evitará que los municipios utilicen recovecos legales para retrasar el pago de sus deudas.
El Gobierno ha incluido en el anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible un apartado para incrementar el control sobre los pagos municipales a los proveedores. Tras la entrada en vigor de la ley, existirá un registro público de "todas las facturas y demás documentos emitidos por los contratistas" para que quede constancia las prestaciones realizadas por los proveedores. Y los interventores municipales se encargarán de la gestión y custodia de un archivo que incluirá un listado pormenorizado de todos los contratos establecidos por el consistorio.
Tras anotar una factura en el nuevo registro y transcurrido un mes sin que el ayuntamiento haya reconocido explícitamente las obligaciones derivadas de esa deuda, el interventor requerirá una explicación por escrito del órgano municipal competente para que responda sobre esa anomalía. Algunos ayuntamientos, ante la falta de recursos, demoran el reconocimiento de facturas a su nombre para retrasar, a su vez, el pago. Esa estrategia es la que pretende ahora eliminar Hacienda. Además, el interventor enviará al Pleno municipal un informe trimestral sobre la situación de cada una de las facturas en las que figure el ayuntamiento como cliente. Ello también supondrá un mayor control pare evitar arbitrariedades y amiguismos a la hora de gestionar el erario municipal.
Si bien la Ley de Economía Sostenible incrementa el control sobre la gestión de alcaldes y concejales, también incluye una contramedida para evitar que pierdan recursos. El Gobierno anunció a bombo y platillo la reducción de trabas burocráticas y explicó que los emprendedores podrán abrir un negocio sin necesidad de reclamar (ni pagar) ninguna licencia municipal siempre y cuando la empresa de nueva constitución no afecte a la "protección del medio ambiente, al patrimonio histórico-artístico, a la seguridad o a la salud pública ". En la medida de que más del 90% de los emprendedores no precisarán de licencia para abrir un establecimiento, el ayuntamiento tampoco podrá cobrar ninguna tasa por la obtención del permiso municipal. Sin embargo, para alivio de las maltrechas arcas municipales, la Ley de Economía Sostenible permite a los ayuntamientos cobrar una nueva tasa por "verificar" si la empresa que quiere constituirse en su municipio precisa de una licencia.
Dicho de otra forma, la inmensa mayoría de empresarios no necesitarán licencia para abrir su negocio y no deberán pagar ninguna tasa por ello, pero el ayuntamiento podrá cobrar el estudio que determina si la actividad de una empresa requiere o no "de autorización previa" municipal. Lo comido por lo servido. Así, si bien es cierto que los trámites burocráticos se agilizan, ello no se traducirá en un descenso de los pagos a la administración local, que gozarán de un nuevo hecho imponible sobre el que fiscalizar.
En busca de consenso
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, informará hoy al Congreso del contenido de la Ley de Economía Sostenible con la esperanza de encontrar un improbable consenso. El Partido Popular calificó la ley de "inútil" y desde las filas de Convergència i Unió (CiU) consideraron la normativa una "burla al Congreso". En cualquier caso, la Ley de Economía Sostenible aún debe ser aprobada por el Consejo de Ministros antes de iniciar su trámite parlamentario.
La reducción de la morosidad no afectará a las subcontratas
Las empresas auxiliares de la construccion se mostraron ayer decepcionadas con el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, puesto que no recoge dos de sus reinvindicaciones: la inclusión de subcontratistas y pymes que facturan más de ocho millones de euros entre los colectivos afectados por el retraso en el pago de las deudas. El texto recoge cambios respecto al proveedor principal, pero no ha hecho lo mismo con el que se refiere a las subcontratas, "lo que les deja en una situación de indefensión frente a los pagos". Del mismo modo, la reducción de 90 a 60 días en el plazo de pago no afectará a las empresas que facturen más de 8 millones.El anteproyecto fija que, en el caso de que el deudor incurra en mora, la indemnización no podrá superar, el 15% de la cuantía de la deuda, excepto en el caso de que sea inferior a 30.000 euros, en el que la indemnización se elevará al importe total de la deuda.
La ampliación de capital inferior a 30.000 euros, libre de impuestos
El Gobierno siempre se ha negado a eliminar el impuesto de operaciones societarias, una modalidad del impuesto de transmisiones patrimoniales que sólo mantienen siete países de la UE. Sin embargo, la Ley de Economía Sostenible incluye la constitución de sociedades y los acuerdos de aumento de capital que no superen los 30.000 euros entre las operaciones exentas de abonar el impuesto. Hasta ahora, tributaban al 1%, que es el tipo máximo que permite la legislación comunitaria.El sector empresarial considera insuficiente la medida y reclama la total supresión del tributo. Y la Unión Europea también ha recomendado a los Estados miembro la eliminación del impuesto.Por otro lado, el Gobierno deberá compensar a las comunidades autónomas porque el impuesto de transmisiones patrimoniales es un tributo cedido, aunque la recaudación por la modalidad de operaciones societarias es relativamente menor.
Ampliación del silencio administrativo
En línea con lo establecido en la directiva europea de servicios, el Ejecutivo se fija un plazo máximo de tres meses para la presentación de un proyecto de ley en el que se detalle que procedimientos no son considerados de interés general para adoptarlos a la citada directiva. En todos ellos, el silencio administrativo primará ante la falta de respuesta de una administración.Del mismo modo, el anteproyecto de ley de Economía Sostenible concede el plazo de un año para que las comunidades autónomas presenten ante sus gobiernos regionales otro proyecto de ley de modificación del sentido del silencio administrativo en los procedimientos relacionados con el sector servicios que tampoco estén protegidos por razones de interés general.El objetivo de ambas propuestas es evitar que la falta de respuesta y la burocracia frenen la creación de empresas y empleos en el sector servicios en España.
Impulso a la concesión de patentes
El anteproyecto intenta corregir el desfase que existe entre España y otros países desarrollados en materia de propiedad industrial y patentes. Por ello se compromete al abaratamiento de las tarifas para registrar una patente en un 18% a finales de 2012 respecto a los precios de 2009, mientras que el Ministerio de Industria se reserva la posibilidad de fijar el plazo máximo para la concesión de títulos de propiedad industrial, así como de crear una línea preferente para aquellos sectores declarados estratégicos.La nueva ley considera fundamental a las patentes para que la economía gane competitividad y por ello establece la obligación de que la Oficina Española de Patentes y Marcas proponga a Industria en seis meses medidas para elevar la eficacia de los derechos de propiedad industrial.