Reino Unido tratará de bloquear mañana la reforma del sistema europeo de supervisión bancaria

La resistencia de Reino Unido es el principal obstáculo para que los ministros de Economía de la UE alcancen mañana un acuerdo final sobre un nuevo sistema europeo de supervisión financiera, cuyo objetivo es prevenir la repetición de crisis financieras como la actual.

Londres mantiene sus reservas a la reforma porque quiere limitar al máximo los poderes de mediación de las tres nuevas autoridades europeas (bancaria, bursátil y de seguros) que se crearán para arbitrar cuando haya discrepancias entre los reguladores nacionales de los países en los que opera una entidad transfronteriza.

Las tres nuevas autoridades europeas se encargarán de elaborar normas comunes para las entidades financieras y supervisarán a las agencias de calificación de riesgos. Además, dispondrán de facultades decisorias vinculantes en caso de desacuerdo entre los supervisores del Estado de establecimiento y los de acogida de una entidad transfronteriza.

Para responder a las preocupaciones de Londres, la propuesta legislativa de la Comisión deja claro que las decisiones adoptadas por las autoridades europeas de supervisión no deberán incidir en modo alguno en las competencias presupuestarias de los Estados miembros, es decir, no les pueden obligar a inyectar dinero en una entidad con problemas. Pese a ello, Reino Unido quiere restringir todavía más los casos en los que puedan decidir las nuevas autoridades.

El Gobierno británico pretende además reforzar la cláusula de salvaguarda que ya preveía la propuesta de Bruselas, según la cual, si un Estado miembro considera que sus responsabilidades fiscales han resultado afectadas por una decisión de las autoridades, existe un mecanismo para recurrirla, de forma que la decisión final queda en manos de los Veintisiete. Londres exige que haya una mayoría cualificada en el Ecofin para ratificar la decisión de las autoridades, mientras que el resto de países creen que la mayoría cualificada debería ser para tumbarla.

Tampoco hay acuerdo sobre el sistema de votación en las tres nuevas autoridades. Los grandes países, especialmente Francia, Alemania, Italia o Países Bajos, piden que las decisiones se adopten por mayoría cualificada para que a los países que acogen a filiales de una entidad les sea más difícil contradecir una decisión adoptada por el supervisor del Estado donde el banco en cuestión tiene la matriz.

La presidencia sueca se había marcado como objetivo cerrar el acuerdo sobre el nuevo sistema europeo de supervisión bancaria el 2 de diciembre, pero si persiste el veto de Londres el expediente podría pasar a manos de los jefes de Estado y de Gobierno en la cumbre que se celebrará los días 10 y 11 de diciembre en Bruselas. Los líderes europeos han pedido que el nuevo sistema comience a funcionar en 2010.

Los ministros de Economía de la UE ya alcanzaron en octubre un acuerdo provisional sobre la otra parte del nuevo sistema europeo de supervisión, que supone la creación de un nuevo órgano, el Consejo Europeo de Riesgos Sistémicos. Pero Reino Unido ya avisó de que este compromiso estaba supeditado al logro de un acuerdo satisfactorio sobre el conjunto del paquete y podría reabrir las negociaciones si el resto de países no aceptan sus demandas sobre las nuevas autoridades.

La función del Consejo Europeo de Riesgos Sistémicos será observar y evaluar las posibles amenazas para la estabilidad financiera, emitir alertas de riesgo y recomendaciones de actuación y vigilar su aplicación. El nuevo órgano estará formado por los gobernadores de los bancos centrales de los Veintisiete, así como por representantes de la Comisión y de las nuevas autoridades.

Entre los riesgos que examinará el nuevo órgano destacan la solidez de la situación de los bancos, la aparición de burbujas o el buen funcionamiento de las infraestructuras del mercado. Una vez identificado el riesgo, el Consejo dirigirá una recomendación al país o grupo de países afectados. Pero esta recomendación no será de obligado cumplimiento, y a veces ni siquiera se hará pública. Eso sí, el país que decida no seguirla deberá justificar el motivo.