Madrid se erige en capital de los profesores por la Ley de Autoridad
Los docentes prefieren esta plaza por tener una sola lengua y más respaldo
A la hora de elegir plaza, Madrid es tradicionalmente uno de los lugares más demandados por el profesorado. El hecho de no contar con una segunda lengua, como ocurre en otras comunidades autónomas, y de estar tramitando una nueva ley que protege la integridad del profesor, la convierten en un centro de excelencia para los educadores. Del medio millón de docentes públicos que existen en España, una gran mayoría preferiría contar con un respaldo similar al de la norma madrileña.
El anteproyecto de Ley de Autoridad del Profesor, auspiciado por Esperanza Aguirre, pretende dotar de un rango superior a los docentes, similar al que ya disponen jueces o policías. Se trata de una de las iniciativas más completa que existe hasta el momento. La Ley de Educación de Cataluña contempla la protección en la educación, pero queda circunscrita a los directores de centros. Valencia o La Rioja cuentan con decretos de convivencia, pero sin rango de ley.
En el caso de Madrid, la propuesta se amplía no sólo a los colegios públicos, sino también a los concertados. Sólo los centros privados quedan fueran de esta nueva normativa que verá la luz a finales de marzo.
El 13% de los profesores reconoce haber sufrido una agresión
La nueva ley madrileña introduce además aspectos no reconocidos antes en un texto. "Lo que más ha gustado al profesorado ha sido la presunción de veracidad, o lo que es lo mismo, que un educador sea inocente hasta que no se demuestre lo contrario con pruebas fehacientes", explica Carmen Guaita, secretaria de ANPE, sindicato profesional e independiente del profesorado.
Atendiendo a esto, se podrán adoptar medidas cautelares cuando se cometan actos contrarios a las normas escolares. Los colegios estarán obligados a elaborar su propia normativa de convivencia y deberán aplicar medidas disciplinarias al respecto no sólo dentro de clase, sino en el desarrollo de actividades extraescolares e, incluso, en el transporte.
Según el último informe del Defensor del Pueblo, el 74% de los institutos españoles registraron casos de insultos al profesor. El 86% de los docentes sufrieron faltas de respeto al menos una vez en su vida y el 13% denunciaron haber sido agredidos, según una encuesta de CSI-CSIF.
El colectivo se encuentra muy afectado por esta situación. En el Defensor del Profesor de ANPE, aseguran de que cada cien llamadas recibidas, tres responden a agresiones. El pasado año, 2.000 profesores recurrieron a su servicio, un 15% más que en el ejercicio anterior.
El anteproyecto contempla también reparar los desperfectos que cause el alumnado, y la exigencia de responsabilidad civil a padres o tutores. La sociedad deberá hacer el resto.
Pendientes del pacto de Estado antes de las Navidades
El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, siempre ha considerado que iniciativas como las de Aguirre deberían estar enmarcadas dentro de un pacto de Estado, entre PP y PSOE, sobre educación.Su compromiso es "analizar la viabilidad del mismo" antes de la próxima Navidad. La negociación entre los dos partidos mayoritarios parece ir viento en popa y el acuerdo podría alcanzarse en las próximas semanas. De esta forma, no sería necesario que cada comunidad autónoma desarrollara su propia ley.Para los profesores esto sería una estupenda noticia. "Una norma estatal por sí sola no nos va a devolver la autoridad, pero sí servirá de advertencia para alumnos y padres", explican en ANPE. "La autoridad debe entenderse como disciplina y no circunscribirse a los recuerdos de una dictadura", señala Guaita.
La cifra
2.000 docentes madrileños recurrieron al Defensor del Profesor del sindicato ANPE durante el pasado curso, un 15% más que en el ejercicio anterior