Consejo de Ministros

Las empresas que coticen en Bolsa deberán informar sobre el sueldo de sus directivos

El Gobierno aprobó hoy un anteproyecto de ley que obligará a las empresas que coticen en Bolsa a poner a disposición de sus accionistas toda la información sobre las remuneraciones de directivos y ejecutivos, que deberán además ser votadas en las juntas generales de las sociedades.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, explicó que con esta reforma el Gobierno quiere reforzar la transparencia de las remuneraciones no sólo en el sector financiero sino en el conjunto de las sociedades que cotizan.

Salgado explicó que el Banco de España prestará especial atención a las políticas de remuneración con el fin de que se gestione el riesgo de forma responsable, tal y como se abordó durante la cumbre del G-20 celebrada en Pittsburgh (EEUU) en septiembre.

De este modo, y para lograr "una prudente gestión del riesgo", las entidades financieras deberán publicar información periódica sobre sus políticas de retribución de manera que "políticas de retribución centradas en el corto plazo no pongan en peligro al conjunto del sistema financiero".

El contenido de esta reforma coincide con la propuesta que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) remitió el pasado 15 de octubre al Ministerio de Economía sobre transparencia en la retribución de los consejeros de sociedades cotizadas.

Salgado explicó que el Gobierno pretende reforzar la información al consumidor no sólo en lo relativo a emisiones sino también en el ámbito de los seguros, los fondos de pensiones y, en general, estrechar la supervisión de todos y cada uno de los reguladores que atiendan quejas de usuarios.

Así, para mejorar la protección al consumidor y la seguridad jurídica de las entidades comercializadoras, éstas deberán proporcionar al Ministerio de Economía y Hacienda toda la información que se les requiera, con el objeto de reforzar los sistemas de inspección y sanción de los supervisores financieros.

Concretamente, en el ámbito de los seguros las aseguradoras deberán proporcionar a sus clientes una relación de prestadores del servicio que les permita elegir con entera libertad.

Mayor control en la toma de capital social de entidades financieras

El Consejo de Ministros ha aprobado cuatro reales decretos para el desarrollo de la Ley de participaciones significativas en entidades de crédito, empresas de servicios de inversión, instituciones de inversión colectiva y entidades aseguradoras, en la que se establece la obligación de las autoridades supervisoras de "elaborar y publicar una lista" con toda la información que el adquirente potencial debe suministrarle a la hora de notificar una operación.

En todo caso, deberá incluirse información relativa al adquirente potencial y a quien dirija efectivamente sus actividades, a la adquisición propuesta y a la financiación de la adquisición.

Además, se establecen las reglas para el cómputo de participaciones en estos cuatro tipo de entidades y se fija el contenido mínimo de la información que el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores o la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrán exigir a los adquirientes potenciales para evaluar la adquisición de una participación significativa.

El objetivo de esta medida es clarificar los criterios y procedimientos para evaluar la adquisición de estas participaciones, elevar la seguridad jurídica, agilizar la tramitación y reforzar la colaboración entre supervisores.

Bonus

Por otra parte, el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, que fue aprobado hoy, contempla una mayor progresividad fiscal en la retribuciones plurianuales que, según Salgado, son las que se otorgan mayoritariamente en el sector financiero.

La nueva Ley introduce una mayor progresividad en la tributación de las retribuciones plurianuales al establecer un límite absoluto de 600.000 euros para aplicarse la reducción del 40% de la que se benefician los rendimientos con periodos de generación superior a dos años.

Según la reseña del Consejo de Ministros, hasta dicho importe se tendrá derecho a la reducción pero ésta no se aplicará al exceso.

También se mantiene el tratamiento fiscal de los rendimientos derivados del ejercicio de opciones de compra sobre acciones concedidas a los trabajadores y se les aplica también un límite de 600.000 euros.

Salgado afirmó que la repercusión de esta modificación de las retribuciones plurianuales no tendrá una repercusión significativa en la hacienda pública ya que "no se hace para incrementar los ingresos del Estado, sino ante la necesidad de modificar esta modalidad de incentivos, que calificó de "importantes".