Corredor defiende las medidas para evitar, detectar y reaccionar contra la corrupción urbanística
La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, presentó hoy un informe ante el Consejo de Ministros en el que detalla las medidas de "transparencia" y lucha contra la corrupción urbanística puestas en marcha por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero e insistió en su compromiso para "evitar, detectar y reaccionar" contra estas prácticas.
En su informe, Corredor repasó el conjunto de medidas aprobadas por el Gobierno "para fomentar la transparencia, el desarrollo urbano sostenible, la participación ciudadana y el control sobre el urbanismo" y destacó la reforma del Código Penal que permitirá mejorar la tipificación de los delitos urbanísticos, endurecer las penas y ampliar las conductas punibles de autoridades y funcionarios públicos.
La ministra también hizo hincapié en el Sistema de Información Urbana (SIU) puesto en marcha este mes. Se trata de una herramienta digital que recoge información relativa al planteamiento urbanístico, la ocupación y usos del suelo, las clases de suelo y las áreas en desarrollo.
Según reveló, este nuevo sistema, que está disponible en Internet, recibió en los tres primeros días de funcionamiento más de dos millones de peticiones de acceso al portal, "lo que indica el gran interés que existe en la actualidad por poder acceder a este tipo de información de una manera ágil y transparente".
Corredor explicó a sus compañeros de Gobierno que el SIU ayudará a conocer mejor cómo se están transformando el territorio y las ciudades y dónde hay suelo disponible, en qué cantidades y para qué usos. Incorpora, además, otros datos estadísticos y censales como superficie, población, densidad de población, número de viviendas o número de hogares.
En la actualidad, el sistema dispone información sobre la clasificación de suelo y las áreas en desarrollo de 369 municipios que concentran a 22,6 millones de habitantes, lo que supone el 50 por ciento de la población total de España.
El objetivo del Ejecutivo es que a lo largo de 2010 incluya información de, aproximadamente, dos mil municipios pequeños que no cuentan con figura de planeamiento o que únicamente tienen proyecto de delimitación de suelo o normas subsidiarias, y también la de otros 85 municipios con plan general, de manera que estén ya disponibles los datos de 48 de los 50 municipios más poblados.
El SIU se integra dentro del Portal de Suelo y Políticas Urbanas que gestiona el Ministerio de Vivienda, donde también pueden encontrarse otras herramientas de información, como el Atlas Estadístico de las Áreas Urbanas, la Red Europea de Conocimiento Urbano o la Red de Iniciativas Urbanas puesta en marcha recientemente por los ministerios de Vivienda y de Economía y Hacienda como un foro abierto de intercambio de experiencias y buenas prácticas urbanas que hayan recibido financiación comunitaria.
La ministra insistió además en que el SIU "no es una iniciativa aislada", sino que se une a todo un conjunto de medidas aprobadas por el Gobierno para fomentar la transparencia, el desarrollo urbano sostenible, la participación ciudadana y el control sobre el urbanismo.
Obligaciones de los ayuntamientos
Asimismo, recordó que ya desde 2007 la Ley de Suelo establece toda una serie de medidas para atajar el fraude y la corrupción, como la obligación de identificar a los propietarios de los últimos cinco años de aquellas fincas que sean objeto de recalificación, en el caso de que ésta conlleve plusvalías, de manera que todos los ciudadanos puedan conocer a quiénes favorecen las decisiones que toman sus representantes.
Además, los Ayuntamientos deben publicar en la web los planes vigentes y el resto de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística en vigor, así como todos los actos relevantes de tramitación.
La ministra explicó también que los convenios urbanísticos tienen que someterse a información pública antes de ser aprobados y, cuando sean convenios de planeamiento, deben aprobarse en el Pleno municipal y no simplemente en una comisión o por decisión del alcalde. Igualmente, se prohíbe que mediante convenio se pueda modificar la ordenación urbanística o imponer a los propietarios más cargas que las legales.
Por otro lado, la Ley de Suelo modificó la legislación de régimen local, de modo que los Concejales y los directivos municipales, aunque no sean electos, tienen que hacer declaraciones públicas de sus bienes y actividades privadas y, si tienen responsabilidades ejecutivas, tendrán prohibida la actividad privada en esa materia y término municipal durante los dos años posteriores al cese.