Los impagos provocan la desaparición de 4.000 pymes a la semana
Cobrar a 60 días en vez de 98 supone un ahorro de 6.420 millones.
Empresas y políticos celebraron ayer en Madrid un debate para reflexionar sobre cómo cambiar con garantías de éxito la norma no escrita por la que en España una empresa puede tardar en pagar por un trabajo recibido o un suministro cualquiera hasta la friolera de dos años. "Sólo por esta elevada morosidad, se calcula que en España en el último año están desapareciendo 4.000 empresas a la semana", anunció ayer Luis Rodulfo, de la Confederación Española de Fabricantes de Productos de Construcción (Cepco).
La iniciativa de ese encuentro partió de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, integrada por más de un centenar de asociaciones, que representan a un millón de empresas y casi medio millón de autónomos. "No somos un pequeño colectivo, facturamos más de 150.000 millones de euros al año y damos empleo a más de cuatro millones de trabajadores", aseguró Rafael Barón, portavoz de la plataforma. Por este motivo, decidieron hace casi un año organizarse para reclamar la reforma de la ley 3/2004, más conocida como Ley de Morosidad. En su opinión, los cambios deben incluir dos aspectos clave: establecer un plazo de pago máximo de 60 días en el sector privado y de 30 días en el público. Y fijar, al mismo tiempo, garantías claras de cobro y procesos ágiles y eficaces de reclamación, en caso de impago.
"Somos los subcampeones de Europa en plazos de pago. Sólo Grecia, con 120 días de promedio, supera a España, donde la media es de 98 días", explicó Antoni Cañete, portavoz de la plataforma. Tal es el descalabro financiero que provoca esta situación en las empresas, que según los cálculos efectuados por este colectivo de afectados, sólo reducir de 98 a 60 días el plazo máximo de pago supondría un ahorro de costes financieros para las pymes de 6.420 millones de euros al año. "Si el primer fondo local de 8.000 millones generó más de 400.000 empleos, echen números", añadió Cañete.
La maldición del "salvo pacto en contrario"
No es fácil convencer a los portavoces de los grupos parlamentarios para que asistan a un debate donde se les va a recriminar lo mal que se traspuso al ordenamiento jurídico español una directiva europea de 2000 y además se les va a reclamar que esta vez sean más diligentes y acometan las reformas legislativas que se necesitan. Pues bien, la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad lo logró ayer en el Ateneo de Madrid, cuyo aforo además se quedó pequeño. Todos, empresarios y políticos, estuvieron de acuerdo en que si hay una cláusula que ha favorecido la situación actual, ésa es la maldita "salvo pacto en contrario". Todos acordaron suprimirla en la nueva ley que regulará los plazos de pago. Pero, algunos dudaron que eso sea posible.