El lento saqueo al Estado de las inconscientes concesiones sociales
La política social del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, comprometida desde que llegó al Palacio de La Moncloa con los sindiactos, prosigue con paso inquebrantable hacia una ampliación sin límites de derechos, sin tener en obsoluto en cuenta sus costes. Esta política que no siempre responde a necesidades reales, supondrá un incremento del gasto social considerable cuando se aplique plenamente, lo que supone un paulatino saqueo del Estado, práctica en la que los sindicatos han convertido su política estratégica en los últimos años. Sólo ahora, cuando la presión social e interna comienza a hacerse poderosa, han admitido negociar un pacto salarial que controle los costes para los próximos años.
Es innumerable el rosario de modificaciones legales que han arrancados los sindicatos al presidente del Gobierno y que suponen incrementos no calculados del gasto. Todo el mundo comprende determinadas decisiones que eviten la pérdida absoluta de renta de determinados colectivos con problemas económicos. Pero el Gobierno debería poner medida a este tipo de decisiones, que en algunos casos incluso rozan la legalidad del sentido común, además de generar la repulsa de determinados departamentos del propio Estado. Hace más de un año el Gobierno amplió la cobertura de paro cuatro meses para los trabajadores afectados por expedientes de regulación que agotasen la prestación. Posteriormente amplió con una bonificación de 420 euros mensuales desde enero pasado a quien hubiese agotado la prestación, aunque en este caso estaba ligado a aceptar cursos de reciclaje profesional.
En la última semana el Gobierno ha aprobado en el Parlemanto la exención fiscal de los ingresos por indemnizaciones en caso de despido procedente de un Expediente de Regulación de Empleo siempre que no superen los 45 días por año de trabajo. En contra del criterio de Hacienda se ha aprobado esta posibilidad a iniciativa de la UGT, pese a que si se trata de despido colectivos (sólo en tal caso media un ERE) las indemnizaciones recogidas en la norma no pueden superar los veinte días por año trabajado. Pero con esta modificación se admite que pueden superarla e incluso llegar a 45 días, vulnerando la norma anterior.
Pero hay más: el Parlamento ha aprobado una enmienda a los Presupuestos en la que se admite, y en este caso la iniciativa ha sido del PNV y ha sido respaldada por el Partido Popular, que los trabajadores desempleados por vía de Expediente de Regulación dispongan siempre del contador a cero en materia de prestaciones. En plata: que puedan encadenar dos periodos de prestaciones máximos si se quedan en desempleo dos veces consecutivas afectados por un expediente. La propia Seguridad Social considera que esta posibilidad es un desatino para sus cuentas si es definitivamente aprobada por el Congreso.