Garantía jurídica para la economía

El nuevo Código Penal amplía notablemente el catálogo de delitos a las malas prácticas detectadas en los últimos años, tanto en la actividad económica como en los derechos personales. La piratería, el acoso laboral, el doping o el amaño de resultados deportivos, los atentados contra el medio ambiente, el acoso inmobiliario, el fraude urbanístico o la inmigración ilegal serán considerados delitos y tendrán todos penas de privación de libertad, además de sanciones económicas, en el nuevo texto aprobado el viernes por el Consejo de Ministros. Amplía también la consideración del delito fiscal, elevando hasta 10 años el periodo de prescripción, hasta ahora en cinco, y eleva la privación de libertad a un máximo de seis años.

Modificar el Código Penal para ampliar su campo de vigilancia, así como endurecer las penas, debe ser un proceso más dinámico, para flexibilizar su adaptación a la criminalidad, que ha adquirido una capacidad de mutabilidad y creatividad insospechada. Pero la respuesta política no puede tardar tanto en madurar. Una legislación taxativa y actualizada de forma permanente es siempre una garantía de seguridad jurídica, imprescindible para un funcionamiento sano de una economía avanzada, que precisa como ninguna otra en Europa de la inversión del exterior.