Medio Ambiente se plantea usar el pago diferido para licitar obras en 2010
El Ministerio de Medio Ambiente baraja una solución alternativa a la tradicional contratación de obra pública y al modelo concesional para sacar adelante un paquete de proyectos del Plan Nacional de Calidad de las Aguas en 2010. Se trata del método alemán, por el que la empresa que ejecuta una infraestructura cobra cuando la entrega. Entre tanto, las firmas especializadas en la gestión del agua insisten en desarrollar un marco de colaboración público-privada para impulsar inversiones.
Gobierno y empresas dedicadas a la gestión del agua buscan una solución de emergencia para avivar en 2010 la licitación de obras relacionadas con el Plan Nacional de Calidad de las Aguas y atender así la demanda de un sector sediento de contratos tras el impulso que supuso años atrás la puesta en marcha de una red de desaladoras en España.
La opción que se negocia es el encargo de un paquete de depuradoras utilizando la fórmula del pago diferido o método alemán, por el que la Administración difiere el pago a la constructora hasta que se le entrega la infraestructura. Durante ese plazo es la adjudicataria la que se encarga de financiar las obras. "Los bancos no aprecian grandes riesgos en operaciones bajo el método alemán porque el pago por parte del Gobierno está asegurado", comentan desde círculos financieros haciendo ver que la del crédito no sería una gran barrera.
Según las fuentes consultadas, el Ministerio que lidera Elena Espinosa analiza la posibilidad de lanzar una batería de media docena de concursos significativos en 2010 para agilizar el plan y repartir trabajo entre las compañías del sector, donde conviven filiales de Acciona, FCC, Sacyr, ACS, Veolia, Isolux, Comsa, Abengoa, etcétera.
Desde el frente empresarial se espera que se liciten un mínimo de 400 a 500 millones en contratos el próximo ejercicio bajo el método alemán. Eso sí, advierten que trasladar los costes de las infraestructuras de depuración a ejercicios futuros no debe ser una solución definitiva.
"Los Presupuestos de 2010 están aún en el Congreso y a estas alturas sólo podemos decir que se estudian distintas vías de financiación para el plan", citan fuentes oficiales del Ministerio.
Compartido entre Gobierno, comunidades y algunos grandes ayuntamientos, esta macroactuación centrada en depuración prevé inversiones por 19.000 millones entre 2007 y 2015. Con la dificultad para asumir una carga adicional de deuda como telón de fondo, los esfuerzos de las distintas administraciones se están centrado hasta ahora en el cierre de los convenios para fijar la responsabilidad de cada una de ellas en el desarrollo de este plan de obras, siendo aún escasos los proyectos adjudicados.
Frente empresarial a favor de la colaboración público-privada
A la vista de los primeras adjudicaciones en el marco del Plan de Calidad de las Aguas, protagonizados por el Gobierno de Aragón, la industria ha decidido tomar cartas en el asunto. La comunidad que preside el socialista Marcelino Iglesias ha concedido al capital privado una decena de proyectos de construcción y gestión de depuradoras, en los que las adjudicatarias cobran en función de la calidad del agua y del consumo. De este modo, la Administración ha trasladado los riesgos a las concesionarias, a quienes se les complica la financiación de las obras por lo imprevisibles de los ingresos.Como adelantó CincoDías el pasado mes de octubre, la propuesta empresarial pasa por prestar la financiación a cambio de concesiones siempre y cuando el retorno de las inversiones esté supeditado a la disponibilidad de la infraestructura y no al caudal de agua depurado o demandado.En esta posición estarían las patronales ATTA, Asagua o la asociación Foro PPP, plataformas que están en contacto con la dirección general del Agua que lidera Marta Morén. El mensaje que reciben es que la colaboración con las empresas es viable, pero no debe tener impacto en el déficit público.