Efectos de una reforma más allá del fútbol
La mayor polémica suscitada esta semana ha sido, sin duda, el anuncio del acuerdo del PSOE con otros grupos parlamentarios para reformar la popularmente conocida como ley Beckham, que regula el régimen especial de tributación existente desde el año 2004 para las personas que, con motivo de un desplazamiento laboral a España, adquieran la residencia fiscal y cumplan determinados requisitos.
En líneas generales, este régimen permite a las personas que reúnan todos los requisitos previstos tributar durante un periodo máximo de seis años como no residente fiscal en España al tipo fijo del 24% y sólo por las rentas que se generen en nuestro país.
La propuesta de reforma, publicitada sobre la base de una mayor recaudación impositiva para España, se centra principalmente en limitar la aplicación de la norma sólo a aquellas personas cuyos ingresos anuales no superen los 600.000 euros, pasando a tributar al marginal del 43% aquellos que superen la mencionada cantidad económica.
Resulta cuanto menos razonable el impacto mediático que ha tenido esta propuesta por su repercusión en la contratación de deportistas de élite en España, dado que la posible reforma puede suponer uno de los mayores golpes a las grandes entidades deportivas, que hasta ahora aventajaban a entidades de otros países en la negociación de contratos con grandes estrellas del mundo del deporte.
Ahora bien, sin menosprecio alguno a todas las noticias publicadas, pensar que la ley objeto de reforma sólo tendrá impacto para las grandes entidades del deporte es a nuestro juicio una conclusión fácil y a poco que se ahonde se caerá en la cuenta del importante efecto negativo que supondrá para la economía de nuestro país.
Gracias a esta ley, grandes compañías eligieron España como base de negocios frente a otras potencias europeas que habían sido pioneras en el desarrollo de medidas fiscales ventajosas y que, por ello, hasta ese momento eran las que se beneficiaban de la contratación de personal extranjero cualificado.
Todo ello se tradujo en la llegada a nuestro país de profesionales cualificados de diversos sectores de la economía, el incremento de la inversión extranjera en España, la creación de nuevos puestos de trabajo, etcétera. Impactos éstos que resultan cruciales para la salud económica de un país.
En definitiva, España se situó en la vanguardia fiscal (máxime con la nueva regulación impositiva de Reino Unido, país que hasta hace poco era uno de los más atractivos fiscalmente hablando) hasta el punto de que otros países se han ido sumando a nuestra iniciativa y han desarrollado regímenes fiscales especiales para extranjeros en la misma línea.
Con la anunciada reforma, se producirá una ralentización de las contrataciones de profesionales cualificados en España dado que los grandes inversores optarán por otros países con mayor atractivo fiscal, como por ejemplo Portugal, que acaba de aprobar un régimen fiscal más favorable aún que el nuestro, que permite la tributación a un tipo máximo del 20% (recordemos que en España es un 24%) durante un periodo de diez años (frente a los seis de España) y con unos requisitos también más flexibles.
En otro orden de cosas, no debemos olvidar que gran parte de los profesionales amparados por este régimen negocian sus salarios en neto y, por tanto, un incremento en el tipo de tributación supondría elevar el coste salarial, con el consiguiente aumento del gasto deducible en el impuesto sobre sociedades.
El impacto mediático que ha tenido el anuncio de esta reforma legislativa sobre la que, recordemos, ya se empezó a negociar por parte de los partidos políticos el pasado mes de junio, unido a la particularmente complicada situación económica de nuestro país, no hace más que generar un clima de desconfianza de cara a posibles inversores extranjeros, lo que nuevamente nos remite al comentado impacto de búsqueda y comparación de otras alternativas de inversión fuera de España.
Así las cosas, el impacto de la reforma puede ser muy negativo para nuestro país y corremos el riesgo de que el deseado efecto de aumentar la recaudación impositiva no sólo no se consiga sino que, posiblemente, se produzca el efecto contrario.
Bárbara Pardo de Santayana / Almudena Ollero. Socia y asociada sénior de Ernst & Young Abogados