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Tribuna
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Incentivos y empleo en el sector del automóvil

La reciente renovación del Plan 2000E, junto al mantenimiento de las medidas de impulso a la compra de vehículos de algunos países europeos, afianzará la recuperación iniciada en el mercado de turismos.

Son conocidos los efectos favorables de este tipo de medidas sobre el medio ambiente y la seguridad vial al retirar los coches más antiguos de la circulación, dando entrada a otros mucho más eficientes y más seguros. También son evidentes los beneficios fiscales que produce para las arcas públicas derivado de la demanda adicional que genera en los consumidores.

Sin embargo, hay un aspecto menos conocido, pero no por ello menos importante, como la influencia de este tipo de planes de incentivo en el empleo. El aumento de la demanda supone un incremento en la producción con la consiguiente disminución de los ERE temporales y de los costes por prestaciones de desempleo.

El sector del automóvil es uno de los que más seriamente se están viendo afectados por la crisis económica general. Así, nuestro mercado interior registrará una disminución de sus ventas respecto a 2007 en 700.000 unidades y la situación es parecida en los principales mercados europeos.

Para realizar la adecuación de la producción a la menor demanda del mercado, las plantas españolas han utilizado, primero, los mecanismos de flexibilidad de que han venido dotándose desde hace años mediante la negociación colectiva de empresa. Una vez agotada ésta, se han visto obligadas a recurrir a ERE de carácter temporal. En su mayor parte, las condiciones de aplicación han sido pactadas entre las empresas y los sindicatos.

Esta adecuación de la producción de nuestras factorías a la menor demanda del mercado ha supuesto una disminución de horas trabajadas en 2008, exclusivamente por esta causa de más de 5,2 millones de horas, concentradas fundamentalmente en el segundo semestre del pasado año, de las cuales más de 3 millones han correspondido a sistemas de flexibilidad internos de las empresas (57,7%) y los restantes 2,2 millones a ERE temporales (42,3 %).

Así pues, de no ser por los sistemas de flexibilidad pactados por empresas y trabajadores, en los que el trabajador cobra su salario adelantado por la empresa a pesar de no realizarse la producción, evitando así la utilización de los ERE temporales, el Estado debería haber hecho frente a más de 375.000 jornadas de desempleo, con un coste estimado de más de 14,3 millones de euros.

En este año, los incentivos a la adquisición de vehículos implantados por los principales países productores europeos, incluido España, han permitido atemperar la caída libre del mercado, y a su vez, ha influido en una moderación del descenso de la producción en las factorías españolas.

Hasta llegar a esta recuperación de ventas y de producción de turismos gracias a los citados incentivos directos (ayudas que no han alcanzado a los vehículos comerciales e industriales), se ha pasado de las 10 empresas fabricantes, 16 de las 18 factorías y más de 46.000 trabajadores afectados por ERE temporales en el mes de mayo a 8 empresas, 12 plantas y algo más de 26.000 trabajadores que están afectados por ERE suspensivos en el mes de octubre de 2009. Es decir, se ha disminuido en más de 20.000 personas los afectados por ERE temporales desde el mes de mayo.

Esto supone un ahorro estimado para las arcas públicas en prestaciones de desempleo no utilizadas en el citado periodo de casi 82 millones de euros, referidos exclusivamente a los trabajadores de las factorías de los fabricantes de automóviles, sin incluir ni a los trabajadores de las empresas proveedoras ni a los de los concesionarios.

Por ello, debemos evaluar los incentivos a la compra no sólo desde el punto de vista fiscal, medioambiental o de seguridad vial, sino también desde la óptica de los menores costes por prestaciones de desempleo no desembolsadas. En definitiva, la adopción de medidas de flexibilidad por parte de los fabricantes de vehículos instalados en España y la disminución en la utilización de ERE temporales han permitido ahorrar casi 100 millones de euros en prestaciones por desempleo entre mayo y octubre del presente año.

Félix Martín-Monzú. Responsable del Departamento Laboral de Anfac

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