Madrid y la DGT gestionarán multas de tráfico conjuntamente
El Ayuntamiento de Madrid firmará en breve un convenio con la Dirección General de Tráfico, para que sea este organismo, dependiente del Ministerio del Interior, el que gestione el cobro de las multas que se impongan en la ciudad a través de radar. El consistorio de la capital quiere conseguir, con esta vía, mejorar el porcentaje de cobro de las multas que impone anualmente. De las infracciones que se cometen cada año por exceso de velocidad, el Ayuntamiento apenas logra recaudar por el procedimiento ordinario un 30%, y un 15% adicional por la vía ejecutiva. Sin embargo, gracias a la aprobación ayer de la nueva ley de tráfico por el Congreso de los Diputados, el centro Estrada de la DGT, situado en León, será el que notifique al infractor la multa que le ha sido impuesta en Madrid.
Comunicación por 'email'
Con la nueva normativa, cuando no se localice al infractor en su domicilio ya no será necesario acudir a la publicación de un edicto en el boletín oficial de la provincia, ya que se habilitará un boletín electrónico y los infractores podrán ser notificados por correo electrónico. Sólo gracias a este cambio, el Ayuntamiento de Madrid pretende ahorrar 20 millones de euros al año, que es lo que cuesta la publicación de la relación de infractores en el boletín oficial de Madrid.
El alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón y el concejal de Hacienda, Juan Bravo, valoraron ayer muy positivamente el contenido de la nueva ley, que, según este último, "beneficia al ciudadano, puesto que todo ahorro de costes revierte en él, y es malísima para el infractor habitual". El concejal destacó cómo el nuevo texto "elimina buena parte de las triquiñuelas legales que hasta ahora permitían retrasar los pagos hasta cuatro y cinco años", con el consiguiente perjuicio para las arcas municipales.
Además de Madrid, todos los ayuntamientos que así lo consideren oportuno podrán suscribir convenios equivalentes con la DGT. La valoración del ayuntamiento de Madrid, del Partido Popular, contrasta con la posición de su grupo en el Parlamento nacional, donde votó en contra. El ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, afirmó ayer que el objetivo de la nueva ley no es recaudatorio (entre otras cosas, eleva hasta el 50% el descuento por pronto pago), sino disuasorio, y beneficia al ciudadano que opta por cumplir en plazo la sanción interpuesta.