Ocaña cree que la supresión de la ayuda fiscal afecta a pocas inversiones
El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, señaló que la decisión adoptada ayer por la Comisión Europa (CE) de eliminar las ayudas fiscales de las que se habían beneficiado las empresas españolas, como Telefónica, Iberdrola o Santander, en sus adquisiciones internacionales es satisfactoria, ya que la medida sólo tiene carácter retroactivo desde finales de 2007 y desde entonces las inversiones han sido "mínimas".
Ocaña matizó que ha sido con anterioridad a esa fecha cuando las compañías españolas llevaron a cabo el grueso de sus compras en el extranjero. Sólo Santander ha reconocido que la compra de Alliance & Leicester puede verse afectada, aunque su impacto será pequeño, debido a que el fondo de comercio generado con esta operación se cifra en 442 millones de libras (489 millones de euros). Fuera quedan, sin embargo, la compra de O2 realizada por Telefónica y de Scottish Power por Iberdrola, así como las ofertas de Sacyr, Abertis y Cintra para la concesión de las autopistas en Francia.
Por ello, el secretario de Estado de Hacienda afirmó que el Gobierno no piensa recurrir la propuesta de la Comisión Europea y procederá, por tanto, a suprimir el artículo del Impuesto sobre Sociedades que da derecho a las empresas españolas a practicar deducciones cuando se compran compañías extranjeras.
El Ejecutivo comunitario inició la investigación sobre las ayudas fiscales tras recibir varias denuncias formales por parte de eurodiputados, especialmente británicos, que sostenían que el régimen español era ilegal.
La medida que la CE prohibe ahora era la que permitía a las empresas con domicilio en España deducirse durante 20 años, en tramos anuales iguales, el fondo de comercio (diferencia entre el precio pagado y el valor contable) generado por la compra de activos en el extranjero.
Importe en España
La CE asegura que hay casos de ayudas fiscales ilegales a multinacionales españolas posteriores a 2007, pero desconoce su volumen. Según algunas fuentes, el importe total del que se han beneficiado las empresas españolas por este régimen se eleva a 30.000 millones.