_
_
_
_
Columna
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las columnas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

La política fiscal en Madrid

En estos tiempos atribulados para la política en general, conviene tratar de analizar lo que realmente interesa al ciudadano y tratar de confrontar soluciones a una crisis económica particularmente grave para una parte importante de la sociedad.

En un mundo cada vez más global, y con un Estado cada vez más descentralizado, el análisis económico municipal o local es la asignatura pendiente, no sólo para los poderes públicos, sino también para el mundo académico que no ha profundizado en el análisis económico riguroso. La economía española, a diferencia de otras de corte federal, tiene un peso del gasto local muy exiguo. Por ejemplo, en Alemania, Austria o Canadá, el gasto local sobre el total supone un 21%, frente al 13% en España. En este campo, destaca el escaso peso del gasto educativo (apenas un 4% en España, frente al 16% en Alemania) o sanitario (un 2%, frente al 12% en Alemania). Por el lado de los ingresos, los ayuntamientos españoles recaudan menos impuestos que los países de corte federal y basan su funcionamiento en subvenciones o transferencias del Estado. Este apartado aporta casi el 38% de los ingresos en 2008, frente al 31% los impuestos.

Con esta situación, conviene analizar cuál ha sido la política fiscal de la capital de España, paradigma de las contradicciones entre el ideario del partido político que sustenta el poder, y la práctica desde 2003. Si uno analiza la política fiscal normativa, es decir la base de la legislación en materia tributaria, los resultados desde 2003 son llamativos. Cogiendo la cesta de impuestos más relevantes, el IBI, el IAE y el impuesto sobre vehículos, nos encontramos con un incremento del 43,46%. En ese mismo periodo, en Valencia el aumento fue del 36,84%, Sevilla un 23,76%, mientras que en Barcelona se redujo un 11,76%. Madrid ha sido la ciudad que ha liderado el crecimiento de la fiscalidad normativa sobre inmuebles, un 13%, Sevilla la ha mantenido y Barcelona la ha reducido. En el campo de imposición sobre empresas, Valencia lidera el aumento, con un 23%, seguida por Madrid con un 17%, mientras que Barcelona ha congelado la presión fiscal empresarial.

Si uno deflacta este incremento de la presión fiscal normativa por la inflación acumulada en el periodo 2003-2009, el resultado es que globalmente Madrid ha elevado la presión fiscal real un 27,2%, Valencia un 20,6%, Sevilla un 7,56%, mientras que en Barcelona se ha reducido un 28%. Por último, el incremento salarial neto de impuestos municipal en este periodo arroja una pérdida de poder adquisitivo en Madrid de 13,56%, un 7% en Valencia, mientras que en Sevilla se ha ganado un 7% y en Barcelona un 22%. En el campo de la presión fiscal efectiva, Madrid también lidera el endurecimiento fiscal, llegando al 81,9% en la cesta de impuestos comentada, seguida por Sevilla con un 43,1%, Valencia con un 37% y Barcelona con un 28,4%.

El esfuerzo fiscal también refleja esta tendencia. Para 2008, en Madrid un ciudadano habría pagado 809 euros, en Barcelona 673 euros, en Valencia 502 euros y en Sevilla 562 euros. La realidad final ha sido otra porque las desviaciones presupuestarias en el Ayuntamiento de Madrid han sido constantes y crecientes desde 2003. En materia de ingresos, los errores de previsión han alcanzado un máximo de 1.100 millones de euros en 2008.

La incapacidad de cubrir los presupuestos en Madrid ha llevado al Ayuntamiento a una política de endeudamiento sin precedentes, fundamentalmente por la Calle 30. La deuda del Ayuntamiento de Madrid supone un 25% del total de la deuda municipal nacional. Esto ha llevado a que un ciudadano madrileño tenga una deuda de 2.080 euros, y solo aporte efectivamente algo más de 550 euros, frente a los 809 presupuestados en 2008.

Sorprende que el nivel de endeudamiento del Ayuntamiento de Madrid sea tan elevado, máxime con la cantidad de carencias de servicios públicos esenciales. Esta es una de las razones de la implementación de la nueva tasa de basuras, que se ha diseñado como un recargo sobre el IBI. Por ello, las necesidades impositivas serán crecientes en el consistorio madrileño, rompiendo todos los credos sobre subida de impuestos, austeridad o elevado endeudamiento.

Alejandro Inurrieta. Economista y concejal socialista del Ayuntamiento de Madrid

Archivado En

_
_