40 millones de euros y de seguridad
Esta vez, el Gobierno ha decidido dejar las cosas claras desde el primer momento y ha inyectado algo más que 40 millones en ayudas para sostener las matriculaciones de turismos en España. Este dinero permite insuflar confianza y estabilidad en un mercado del motor que ha sufrido como pocos los efectos de la crisis. El ministro de Industria, Comercio y Turismo, Miguel Sebastián, anunció el sábado su decisión de prorrogar las ayudas actuales hasta finales de año, con una dotación de 40 millones adicionales que se asignarán a unos 80.000 vehículos. Además, Sebastián se reunirá próximamente con los distintos sectores afectados para definir un nuevo programa que deberá estar reflejado en los Presupuestos Generales del Estado para 2010.
Las ayudas del Plan 2000E -recordemos, 500 euros que aportaba el Gobierno central, otros 500 de las comunidades autónomas que se quisieron adscribir al programa y 1.000 más de los fabricantes- pueden considerarse una subvención considerable (suponen aproximadamente el 6,5% del precio medio de los automóviles que se venden en España), pero difícilmente representan un monto tal que justifiquen el vuelco positivo que han experimentado las matriculaciones, un vuelco que ha sacado a España del vagón de cola de los grandes mercados europeos del motor.
Tras el anuncio del sábado, nadie duda de que en 2009 las ventas de coches superarán ampliamente las 900.000 unidades, con una caída próxima al 20% sobre 2008. No obstante, la cifra es muy superior a los 800.000 automóviles previstos a principios de año. Así, el plan -como afirmó Sebastián- ha sido un "éxito". Hasta el punto de que las condiciones previstas para su aplicación, un año de vigencia (200.000 coches o 100 millones de euros aportados por el Gobierno central), se han agotado mucho antes de lo previsto.
Pero la gran virtud del plan de ayudas ha sido, más que la de aportar dinero, la de insuflar algo de seguridad entre los consumidores en un momento en el que la tasa de desempleo real está en el 18,5% y la de ahorro está en máximos históricos tras tocar el 24,3% en el tercer trimestre del año. Si hay ayudas, por muy pequeñas que sean (y por mucho que muchas marcas ya estuviesen ofreciendo descuentos similares o incluso superiores), el consumidor vuelve a los concesionarios y se anima a endeudarse.
Para ello, a la vista está, no es suficiente la implicación privada de las empresas. Los posibles clientes de las automovilísticas reclaman la intervención del Gobierno, y así lo demuestra la reacción de los compradores en mercados tan alejados entre sí como el de EE UU, de Alemania, China, Francia, Reino Unido o Italia. Todos ellos han logrado revitalizar sus ventas a golpe de talonario estatal.
El anuncio hace también extensible esta seguridad a las operaciones que se estaban produciendo en las últimas semanas con el 2000E virtualmente extinguido. Los concesionarios seguían ofreciendo el programa a los compradores aun a sabiendas de que quizás no podría optar a él y sin avisarles de esta situación, lo que ha provocado la queja de las asociaciones de defensa de los consumidores.
El asunto de la confianza y la seguridad da más de sí. A diferencia de lo que sucedió desde principios de año hasta el anuncio del 2000E por parte del presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, durante su discurso en el debate del estado de la Nación celebrado en mayo, el Gobierno ha decidido no marear la perdiz afirmando durante meses de todas las formas posibles que no habría en ningún caso subvenciones a la compra para, finalmente, introducirlas sin el consenso previo de las comunidades. Esta vez, el Ejecutivo central ha acertado con los tiempos. Por un lado, no ha anunciado con demasiada antelación la renovación del programa de subvenciones, lo que ha posibilitado que la afluencia de clientes a la red de ventas haya conservado la línea ascendente en octubre. Por el otro, no ha demorado el anuncio durante semanas (una posibilidad que las empresas temían con pavor), lo que habría conllevado un desplome de las matriculaciones debido a que los clientes habrían retrasado la compra para esperar a un nuevo plan de ahorro.
Las patronales del motor (Anfac, Ganvam, Faconauto y Aniacam), como no podía ser menos, aplaudieron al unísono el mismo sábado la medida anunciada por Sebastián. Y es que, según sus cálculos, el 2000E es una apuesta segura para el Ministerio encabezado por Elena Salgado, ya que, incluso, le sale rentable a las arcas públicas. El IVA y los impuestos derivados de la compra permiten que el Gobierno obtenga un saldo positivo de hasta los 40 millones. Según cálculos de este periódico, Hacienda ha obtenido un ingreso de 2.400 euros por cada coche adicional que se ha vendido desde el 18 de mayo.
La pelota, como suele decirse, está ahora en el tejado de las comunidades autónomas. La lucha política de las regiones gobernadas por el PP, como la Comunidad de Madrid, restó eficacia al programa. Unas se adhirieron al programa, otras no, otras introdujeron el suyo propio, y entre todas crearon un esperpento que hizo necesarios esfuerzos considerables para saber cuánto dinero podía ahorrarse cada consumidor según la provincia en la que se matriculase el coche. Los ejecutivos autonómicos, sobre todo el madrileño (donde se compra la cuarta parte de los coches del país y que ha introducido un plan que bonifica la compra de vehículos caros y contaminantes) tienen ante sí un ejercicio de responsabilidad que ayude a introducir algo de seguridad en y confianza en un sector económico extremadamente sensible.