Una Europa útil para tiempos de zozobra
En el Cidob y el Círculo de Economía, dos instituciones de Barcelona dedicadas al pensamiento y al debate, estamos convencidos que la presidencia de la UE es una oportunidad única para situar a España en el núcleo del motor integracionista de la Unión en unos momentos especialmente difíciles de crisis económica y política en Europa. El documento quiere contribuir a la formulación de una estrategia de España en una Unión Europea que se debate entre el avance y el retroceso.
Uno de sus siete capítulos del documento identifica los tres retos de política económica a los que se enfrentará la presidencia española: definir la estrategia de salida de la crisis; diseñar una nueva política de crecimiento, empleo y protección social; y profundizar el mercado interior, especialmente en el sector servicios. La crisis está cuestionando la credibilidad del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La intensidad de la recesión ha hecho inevitable un gran esfuerzo público para sostener la demanda agregada en muchos países, enorme en el caso de España.
Ahora bien, es especialmente importante establecer una senda creíble de retorno a la estabilidad presupuestaria ya que los mercados de capitales castigarían severamente la deuda española, y los presupuestos de la próxima década quedarían hipotecados por el servicio de la deuda.
España debe proponer las recomendaciones del Consejo que guiarán el ajuste hacia la estabilidad presupuestaria en la eurozona. Los tiempos deberán ajustarse a un ciclo bajista especialmente intenso, e incierto en su duración, pero los objetivos del Pacto deben no sólo mantenerse sino reforzarse por el bien de la Unión.
La Agenda de Lisboa, que debe ser revisada en 2010, parece haber entrado en rendimientos decrecientes. Ante el riesgo de la fatiga reformista, la nueva Estrategia para el Crecimiento debería poner el énfasis en las políticas económicas de inversión en los activos físicos, humanos y tecnológicos que sostienen el crecimiento a largo plazo.
La Estrategia Europea de Empleo debería adaptarse a un entorno en el que el paro está afectando de forma dramática a un elevado número de personas. La presidencia española debe dar un impulso decidido hacia la homologación europea de los servicios públicos de ocupación como instrumento de reforma de las políticas activas de empleo.
El avance en la Agenda Social Europea ha sido especialmente difícil en la UE debido a la poca predisposición de algunos Estados Miembros -Reino Unido, Irlanda y nuevos socios del Este- a aceptar la convergencia hacia la protección social y fiscalidad propia de los países centroeuropeos y nórdicos. La crisis puede ofrecer la oportunidad para iniciar un camino de armonización de carácter optativo y paneuropeo bajo un título aceptable por todos, como podría ser el de Espacio Europeo de Protección Social, que a imagen y semejanza de otros espacios (Schengen, de Educación Superior, de Investigación) permita la convergencia de las políticas sociales y una mayor movilidad laboral por grupos de países a distintas velocidades.
Se debería construir, a partir de los ya existentes, acuerdos recíprocos de reconocimiento de derechos sociales y laborales, del proceso de reflexión sobre la flexiseguridad, y armonización fiscal. Para España sería un proceso que facilitaría el diagnóstico de las disfunciones de nuestro sistema de protección social, y el avance de las reformas por el, actualmente azaroso, camino del diálogo social.
Finalmente, la creación del mercado interior ha sido el mecanismo más efectivo de impulso de las reformas económicas en los Estados miembros. Sin embargo, algunas controversias recientes ponen de manifiesto un cierto agotamiento y cansancio de esta política tanto a nivel de la Unión como en la aplicación de las nuevas normas en España. La presidencia española tiene una especial responsabilidad en asegurar una evaluación ambiciosa y exigente de la transposición de la directiva de servicios en todos los países miembros. La experiencia demuestra que la profundización de las libertades de circulación perjudica sólo las rentas de intereses especiales, y beneficia simultáneamente el empleo, el crecimiento y la cohesión social.
Joan-Ramon Borrell. Secretario Técnico del Círculo de Economía