Servired teme que la Ley de Servicios de Pago perjudique al consumidor
¿Puede tener una misma camiseta dos precios en la misma tienda? En España podría ocurrir en breve. Todo depende de cómo se adopte la Directiva de Servicios de Pago. La ley que traspondrá esta norma comunitaria al ordenamiento jurídico nacional está ahora mismo en el horno. De hecho, el próximo jueves puede entrar en vigor si la comisión de Economía del Senado la aprueba. Servired, el mayor esquema de tarjetas del país, estima que el texto puede resultar contraproducente para los consumidores y el Estado.
El punto de fricción es el llamado sobrecargo. Es decir, que se permita al comerciante establecer diferentes precios para un objeto o servicio según el cliente le pague en efectivo o con tarjeta. El artículo 24 del proyecto de ley autoriza al comercio a fijar cuotas adicionales siempre y cuando "no superen los gastos diferenciales en que efectivamente incurra el beneficiario es decir, el comercio por la aceptación de tales instrumentos de pago".
¿Cuánto cuesta el efectivo?
El "coste diferencial" es cuánto más caro le sale a una tienda tramitar un pago con tarjeta que ingresar efectivo. Los bancos cargan a los distribuidores una tasa por cada transacción que procesan sus datáfonos (TPV). Sin embargo, el dinero contante y sonante tampoco sale gratis: hay que contarlo, transportarlo, almacenarlo... Y además, monedas y billetes pueden perderse o ser robados.
Y es ahí donde José Manuel Gabeiras, presidente de Servired, pone el dedo. "Nadie sabe cuánto cuesta manejar el efectivo. Si acaso, algún que otro gran almacén. Por tanto, el comercio podrá aplicar el sobrecargo que le parezca al cliente por pagar con tarjeta", explica. Luego agrega, "el consumidor no tiene forma de averiguar cuánto le carga el banco al comercio por aceptar tarjetas porque no se exige hacer la información pública". En su opinión el texto actual fomentará los pagos en efectivo. Y como en un dominó, "favorecerá la economía sumergida y el fraude fiscal".
Servired propone que no se permita a los comercios fijar sobrecargo alguno en los pagos con tarjeta hasta que éstos estén tan extendidos en España como en el resto de Europa. En 2007, se pagó con tarjeta el 16,2% del consumo privado nacional, según cálculos de la entidad. En la UE, en contraste, el dinero de plástico atiende el 23% de las compras privadas.