Apoyo poco claro a las energías renovables

En lugar de dar una respuesta a cada energía, cabría repensar el actual 'mix' energético.

Nadie jugaría al parchís si no supiera cómo tiene que mover las fichas ni compraría en las tiendas sin saber lo que cobrará a fin de mes. Pero, ¿y qué ocurre cuando se cambian las reglas del juego a mitad de la partida?

La industria de las energías renovables vive esta semana pendiente de la regulación, especialmente las empresas de energía solar termoeléctrica. El jueves, el Congreso votará la Ley de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión al Mercado Inmobiliario. En el Senado, dentro de esta ley, se aprobó una enmienda de CiU que introduce cambios importantes en el marco normativo de las renovables.

En concreto, la enmienda impide que las instalaciones que se registren en Industria después de cumplidos los objetivos de energías renovables fijados para 2010 puedan cobrar prima. Las plantas que entren a partir de que se cubra ese objetivo sólo cobrarán el precio de la electricidad en el mercado hasta que se aprueben las siguientes primas.

Antes de esta modificación, el Real Decreto 661/2007 recogía que, una vez alcanzado el 85% de ese objetivo, se abriría un año de transición en el que las plantas que se pusieran en marcha lo hicieran bajo ese marco retributivo, hasta la aprobación de la siguiente normativa. El problema es que, cuando la energía solar fotovoltaica llegó al 85%, el número de plantas en construcción se disparó, temerosos los promotores de una peor retribución en la siguiente ley. En un año se instalaron más de 2.600 MW fotovoltaicos, cuando el objetivo de 2010 marcaba 400 MW.

Ahora las energías eólica y termoeléctrica se acercan a ese 85% y hay pánico porque se acelere la instalación de plantas. El Gobierno quería controlar la potencia que entra en el sistema y para ello, en el Real Decreto 6/2009 del pasado mes de mayo, que apareció "por sorpresa" según muchas fuentes del sector, se abrió para todas las tecnologías el registro de preasignación de la retribución, obligatorio para la fotovoltaica.

Este sistema no ha funcionado porque, al limitar tanto la potencia que se puede instalar, quien tiene una autorización de ese registro tiene un bien preciado. Un bien por el que se han llegado a pagar precios cercanos al millón de euros por MW, atrayendo la especulación a la fotovoltaica. La amenaza de que esta especulación llegue al resto de las renovables con el registro no ha debido gustar a nadie. Por eso, la enmienda de CiU también deroga este registro, que no lleva ni cinco meses en vigor.

El resultado es que en apenas dos años se ha cambiado el marco regulatorio tres veces. Y las partes implicadas, aparte del Gobierno, se llevan las manos a la cabeza por todo lo que hay en juego y avisan del riesgo que implica cada cambio.

"Lo único que pedimos es estabilidad regulatoria, un marco claro y estable", afirma José Donoso, presidente de la Asociación Empresarial Eólica. Desde el sector consideran que el discurso oficial del Ejecutivo, tan proclive al desarrollo de las renovables, no se refrenda en hechos, e incluso llegan a advertir que el objetivo final es "matar al sector".

De hecho, la última novedad normativa ha vuelto a sembrar el pánico en las empresas, sobre todo para la energía termosolar. Su objetivo está en 500 MW para 2010 y si la ley impide superar este objetivo, "pone en peligro las inversiones efectuadas en 35 plantas termosolares que ya están en construcción", denuncian desde la asociación Protermosolar. La patronal del sector estima que con este cambio se ponen en riesgo unos 10.000 millones de inversión y unos 300.000 puestos de trabajo equivalentes.

"Algunos bancos han dejado de financiar las construcciones o, incluso, han pedido la devolución de los préstamos concedidos", alerta Luis Crespo, secretario general de Protermosolar. La asociación avisa de que ya hay varias empresas estudiando si demandan a Industria por daños patrimoniales.

Ante el pánico de estas empresas, el Ministerio se muestra tranquilo con su manera de hacer las cosas. El secretario de Estado de la Energía, Pedro Marín, restó importancia a la modificación el pasado fin de semana asegurando que aunque "altera ligeramente" el marco regulatorio, "respeta la filosofía del Real Decreto" 661/2007. Sin embargo, para los promotores, no es lo mismo saber que van a cobrar una prima a pensar que pueden recibir el precio del mercado, que no es suficiente para rentabilizar el gasto realizado. Cada planta termosolar cuesta unos 300 millones de euros. La instalación de cada MW eólico, 1,2 millones.

La pregunta que está en el aire es a qué responde la indecisión ante la expansión de las energías renovables. ¿Es por ese gran agujero de deuda que se llama déficit eléctrico, al que, entre otras cosas, contribuyen las primas? ¿Tienen alguna relación las ayudas carbón nacional? ¿Están detrás los compromisos internacionales del gas?

El sistema eléctrico tiene muchas piezas imbricadas entre sí y tocar una afecta a todas. Es posible que, en este caso, en lugar de enfrentar los problemas del carbón, del gas, de la energía nuclear y las renovables por separado, haya llegado el momento de hacer una reflexión más general de cómo se quiere la energía en España y se le dé una respuesta conjunta, estable y que garantice un escenario de trabajo. Aunque suponga echar abajo el actual mix energético y elegir nuevas alternativas.