El Gobierno negocia la entrada de capital privado en el plan de calidad de las aguas
Las grandes compañías especializadas en la gestión del agua han lanzado un envite al Ministerio de Medio Ambiente para sacar adelante los 19.000 millones de inversión prevista en el Plan Nacional de Calidad de las Aguas. El sector está dispuesto a participar en la financiación a cambio de concesiones y el Gobierno baraja los créditos participativos y la creación de sociedades mixtas.
Uno de los pilares fundamentales de la política medioambiental europea es el de la conservación, protección y mejora de la calidad del agua y su uso racional; un fin que en España se persigue, con ciertas dificultades, a través del Plan Nacional de Calidad de las Aguas 2007-2015. La iniciativa choca con dos realidades: la falta de capacidad para que la Administración Central y las Comunidades Autónomas acometan una inversión prevista de 19.006 millones en infraestructuras de saneamiento y depuración, y la necesidad de que ambas partes cierren el modelo de colaboración entre ellas.
El resultado es que buena parte del plan está a la espera y que las empresas especializadas en la gestión de aguas, en el que conviven filiales de Acciona, FCC, Sacyr, ACS, Abengoa, Suez, Comsa, Veolia o Isolux, entre otras, dicen resentirse por los retrasos en la licitación de obras. Tanto que han decidido tomar parte activa en el plan para darle un impulso definitivo.
Según ha podido saber CincoDías, estas compañías han utilizado distintas plataformas patronales, desde Seopan hasta las asociaciones ATTA y Asagua, para comunicar al Gobierno su disponibilidad a financiar parte de las obras a cambio de concesiones.
La principal condición del frente empresarial es que la Administración elabore pliegos en los que la transferencia de riesgos al capital privado sea la mínima posible para acceder en mejores condiciones a la financiación. En este sentido, fuentes consultadas por este periódico comentan que Aragón ya ha adjudicado una docena de contratos bajo el modelo de concesión. Sus adjudicatarias cobran por cumplir con una serie de parámetros de calidad en el servicio y por el caudal que son capaces de depurar. "La fórmula aragonesa arroja incertidumbre sobre los cobros y, por tanto, sobre el retorno de la inversión y el pago de la deuda", cita un directivo cercano a estos concursos.
La banca juega un papel fundamental en un hipotético escenario en el que se abogue por el sistema concesional, de igual modo que sucede en la financiación de las infraestructuras de transportes o de redes de hospitales como la de la Comunidad de Madrid. Su mensaje a las empresas va en la dirección de presionar al Gobierno para que licite con un sistema de ingresos previsibles para las sociedades concesionarias. æpermil;ste se basaría en el pago por la disponibilidad de las infraestructuras.
El argumento que esgrimen las empresas para meter baza en el Plan de Calidad de las Aguas es el caso de Fomento, lanzado en su apuesta por la colaboración público privada, decidido a conceder créditos participativos a las constructoras para financiar las concesiones y con el firme propósito de conformar sociedades mixtas para proyectos emblemáticos como el desarrollo del AVE.
Al parecer, Medio Ambiente se ha mostrado receptiva, en lo que ha sido considerado como un cambio de estrategia, y está manteniendo contactos con el sector. Su condición a priori, como sucede en el caso de Fomento, es que la colaboración con las empresas no impacte en el déficit del Estado. Y es que Hacienda vuelve a tener la última palabra sobre futuras alianzas público-privadas.
Según distintas fuentes, sobre la mesa de la ministra Elena Espinosa figuran tres posibles acciones: la creación de sociedades mixtas, las concesiones convencionales y la aplicación de los citados créditos participativos para la financiación de los proyectos.
Aragón y Galicia ya usan la vía de las concesiones
● El Plan Nacional de Calidad de las Aguas viene a complementar uno anterior de Saneamiento y Depuración que estuvo vigente entre 1995 y 2005. Las inversiones corren a cargo del Gobierno y Comunidades Autónomas.● De los 19.006 millones de inversión prevista, el Ministerio de Medio Ambiente ha comprometido 6.233 millones de euros. El resto se concreta en cada uno de los convenios bilaterales con los Gobiernos regionales.● Aragón, Galicia, Baleares, Cantabria, Asturias, Ceuta y Melilla, al margen de importantes ayuntamientos como el de Madrid, ya tienen pactados convenios y protocolos con Medio Ambiente. Las conversaciones con Extremadura y Castilla y León están avanzadas y el objetivo del Gobierno es firmar con el resto antes de que finalice el año.● Aragón y Galicia ya han acudido a la colaboración público-privada para poner en marcha sus primeros contratos.● El Plan deja abierta la posibilidad de la participación del ICO y una segunda vía que contempla la creación de un fondo de inversión en infraestructuras de saneamiento y depuración.● A lo largo del documento se alude en distintas ocasiones a "soluciones imaginativas" para financiar las inversiones. Una de las opciones es la participación del capital privado a cambio de concesiones para la gestión.