Los proveedores de la construcción denuncian impagos en el Plan E
El Fondo Estatal de Inversión Local, incluido en el Plan E, ha contribuido a frenar la destrucción de empleo en la construcción, pero en ningún caso ha puesto coto a los cada vez más largos plazos de pago a los proveedores. Los fabricantes de materiales denuncian que en lugar de cobrar en 30 días, como establece el real decreto, la demora media es de casi ocho meses o 240 días y la deuda pendiente suma 30.000 millones.
El real decreto ley por el que se creó a finales del año pasado el Fondo Estatal de Inversión Local por valor de 8.000 millones de euros perseguía un doble objetivo. Por un lado, estimular la lánguida actividad constructora y frenar con ello la destrucción de empleo. Y, por otro, al establecer plazos de pagos de las obras concretos, aliviar los problemas de tesorería de numerosas empresas que tenían además muy complicado el acceso al crédito.
Pues bien, sólo ha sido posible contener los aumentos del desempleo, tanto en el sector de la construcción, como entre los trabajadores de los fabricantes de materiales (ver gráficos). En los plazos de pago se ha logrado avanzar muy poco, según denuncian los proveedores de las constructoras.
Según ha podido saber CincoDías, pese al adelanto de dinero efectuado por el Gobierno central a las corporaciones locales (que asciende al 70% del importe de adjudicación de cada proyecto), los suministradores continúan padeciendo plazos de pago de casi ocho meses, o lo que es lo mismo, de 240 días. Y, sin embargo, el texto del real decreto es bastante explícito. En él se establece que "los ayuntamientos tendrán la obligación de abonar a los contratistas el precio de las obras dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de expedición de las certificaciones de obra o de los correspondientes documentos que acrediten la realización parcial o total del contrato".
En este caso, la Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción (Cepco) asegura que son mayoría los municipios que están cumpliendo ese plazo de un mes para abonar los trabajos al contratista. "El problema es que las empresas constructoras no respetan ese periodo de un mes a la hora de abonar los suministros y materiales, pese a estar también obligados por el real decreto", asegura Rafael Fernández, presidente de Cepco.
Mayor control de los abonos
Y es que el texto legal determina que "los contratistas deberán abonar a los subcontratistas el precio pactado por las prestaciones cuya realización les hayan encomendado en el plazo máximo de 30 días naturales, computado desde la fecha de aprobación por el contratista principal de la factura emitida por el subcontratista o suministrador".
Esta situación no ha hecho sino agravar los problemas estructurales que ya tienen los fabricantes de materiales para cobrar sus suministros. En la actualidad, las constructoras les adeudan unos 30.000 millones de euros, las dos terceras partes de su facturación anual (48.000 millones), que a su vez representa el 40% de la producción total de la construcción. La patronal Cepco admite que han denunciado la situación ante la Intervención General del Estado, órgano encargado de velar por la correcta aplicación del decreto, pero hasta el momento no se ha adoptado ninguna medida. "Deberían intensificarse los controles y tomarse medidas en caso de incumplimiento", aseguran los fabricantes. En este sentido, esperan que el segundo fondo estatal de 5.000 millones corrija estos problemas para evitar la desaparición de numerosas pymes del sector.
La cifra
48.000 millones es la facturación anual de los fabricantes de materiales de construcción. El 66% de esa cifra lo tienen pendiente de cobro.
A la espera de una profunda reforma del ICO
Las empresas fabricantes de materiales de construcción elogian la reedición del Fondo Estatal de Inversión Local prevista para el año que viene y cuya dotación ascenderá a 5.000 millones.Sin embargo, demandan soluciones no sólo a los plazos de pago que no se cumplen, sino a un problema que sigue acuciando a los proveedores y a las constructoras. La banca continúa sin adelantar el dinero correspondiente a las certificaciones de obra que firman las administraciones, lo que supone en la práctica que las empresas deben trabajar adelantando el dinero, con el agravante de no saber cuándo podrán cobrarlo, ya que la garantía de una administración u organismo público parece no ser suficiente. "Además, las líneas de liquidez del Instituto de Crédito Oficial (ICO) siguen sin funcionar", explica el presidente de Cepco, Rafael Fernández. Los fabricantes de materiales rechazan que todavía ahora sólo las empresas más solventes estén accediendo a los préstamos ICO. "Además, conocemos casos en los que es el banco quien convence a la compañía de que solicite un crédito con el aval del ICO, aunque no lo necesite, y le ofrece una atractiva rentabilidad si deja el dinero en depósito en la entidad", aseguran en la patronal.Los suministradores de la construcción vienen reclamando desde hace tiempo una reforma en profundidad del ICO, capaz de conseguir que el dinero llegue por fin a las empresas y los hogares porque "mientras no se reestablezca el flujo de la financiación, no podremos superar esta crisis con ciertas garantías". El cambio en la presidencia del ICO, con José María Ayala al frente, hace albergar a este sector alguna esperanza de que se vayan a acometer ciertas mejoras en la gestión de los avales públicos.